Frente a las situaciones de violencia de género los poderes públicos no pueden permanecer impasibles. Quienes ejercen responsabilidades políticas que han sido avaladas democráticamente por la ciudadanía a través de su voto, deben mantener un comportamiento intachable y deben ser ejemplos a seguir. Si un cargo público ha sido imputado en un delito, lo honesto es cesar temporalmente en su cargo hasta que la justicia resuelva su inocencia o culpabilidad. Y eso no significa vulnerar la presunción de inocencia, eso implica ser coherente con unos determinados valores de responsabilidad y ética política.

Si el delito por el que se imputa o se acusa a un político es un caso de violencia de género, con más razón se ha responder públicamente con un comportamiento ejemplar: apartarse temporalmente de las responsabilidades públicas hasta que se dicte sentencia. La violencia de género no es un delito menor, desde esta Asociación entendemos que es uno de los peores delitos por los que puede estar imputada una persona, y consideramos que todas las formaciones políticas deben tener un protocolo interno de actuación ante la imputación de un militante o un cargo electo por violencia de género. Y ese protocolo debe pasar ineludiblemente por apartar a la persona de su cargo hasta que exista una sentencia firme que, en el caso de ser condenatoria, mantendría la decisión de cese y en el caso de ser absolutoria permitiría la reincorporación del político cesado a sus funciones habituales.

En los últimos días hemos conocido por la prensa la decisión de la Alcaldesa de Arico, Olivia Delgado Oval (PSOE), de cesar cautelarmente a un concejal de su Ayuntamiento, Jesús Montañez (CCN), al haber sido acusado de malos tratos. La Alcaldesa aludió a la pérdida de confianza dado que no se la informó de la acusación que pesaba sobre él por un presunto delito de violencia de género. El cese se produce el 6 de abril de 2012 y el 9 de abril, tres días después, se presenta una moción de censura contra ella por parte de los grupos políticos de CC y CCN.

No deja de resultar curioso que la consecuencia de una respuesta ejemplar ante la presunción de la comisión de un delito execrable sea arremeter contra la valentía de una mujer coherente con sus principios e intentar desposeerla de su cargo.

Desde la Asociación Contramarea apoyamos la actuación de la Alcaldesa de Arico, entendemos que esa debe ser la respuesta de todas las personas con responsabilidades políticas ante la imputación de un cargo público por violencia de género y exigimos a los poderes públicos respuestas contundentes ante esta situaciones. Especialmente deberían manifestarse los organismos de igualdad de las distintas administraciones canarias mostrando su apoyo ante iniciativas como la de la Alcaldesa de Arico.