Inicialmente, la mayoría parlamentaria de los actuales socios de gobierno, impidió la designación de un comisión parlamentaria que investigase los incendios forestales que afectaron a las islas de La Palma, Tenerife y, principalmente la Gomera, siniestros que, en su conjunto, afectaron a cerca de once mil hectáreas de territorio y ocasionó más de mil damnificados que en diferente medida vieron calcinadas sus viviendas o pertenencias.
Con tal rechazo, CC y el PSOE, pretenden esconder sus responsabilidades en las graves deficiencias detectadas tanto en las actividades preventivas como de extinción de unos incendios en los que fueron significativos la importante carencia de medios tras los recortes impuestos por el Gobierno. Pero en los que, además, quedaron patentes unas actividades de extinción entorpecidas por la improvisación, la descoordinación entre mandos operativos y las administraciones, además de las esperas de hasta más de 24 horas para la intervención de los hidroaviones dependientes del Estado. Todo ello, sin duda, colaboró a la prolongación temporal de los siniestros y la multiplicación del número de hectáreas finalmente desvastadas.
Pocos días después, los votos de la misma mayoría parlamentaria, con la reseñable actitud vergonzante e hipócrita del PSOE, impidieron el debate de la propuesta de la Iniciativa Popular para la mejora de la educación pública canaria, despreciando la solicitud de más de 35 mil canarios, pero además cerrando la posibilidad de un debate en el que, al menos, se hiciese una aproximación de diagnóstico sobre las causas del gran fracaso escolar sistémico que perdura en todos los niveles del sistema educativo canario y al que tampoco es ajeno el prolongado e insostenible divorcio existente entre la administración y todos los agentes participantes en la comunidad educativa de este servicio público (alumnos, profesores y APAS). El fracaso escolar y la pérdida de los referentes identitarios que tendrían que acompañar al modelo de enseñanza en un proyecto de cultura nacional canaria, desmienten nuevamente el pretendido nacionalismo de Paulino Rivero y su Coalición Canaria.
Con el despotismo y la insensibilidad demostrado en estas dos cuestiones de vital importancia para Canarias, el gobierno da a entender que no existe voluntad alguna de rectificación, motivo por el que, tanto en materia educacional como en el de protección de la masa forestal del Archipiélago el actual Ejecutivo se declara dispuesto a repetir idénticos errores.
Estos hechos, además, denotan una absoluta carencia de higiene democrática del actual pacto de gobierno que envilece aún más el papel de un Parlamento autónomo, quien en su último periodo de actividades ha perdido la escasa credibilidad social que aún mantenía. Una cámara, con ausencia de una oposición política al Gobierno, sin representación parlamentaria progresista, que ignora las propuestas de la iniciativas populares y que insiste en legislar contra la mayoría social del Archipiélago, debe autodisolverse por inutilidad y ser un grave dispendio para las arcas públicas.
Jaime Bethencourt Rodriíguez
Secretaría de Comunicación
Intersindical Canaria
