El pasado 22 de julio el Congreso rechazó el documento de políticas sociales elaborado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país. No es de extrañar, dado que las posiciones de las diferentes fuerzas políticas al respecto eran muy diferentes, cuando no totalmente contrapuestas, por lo que era muy improbable un acuerdo en esta materia.

Desde la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, después de meses recogiendo firmas de ciudadanos y ciudadanas para solicitar a la Comunidad Autónoma que asuma el pago de complementos a las pensiones contributivas mínimas, así como a las de viudedad y las no contributivas, hemos considerado que ante la presentación de los presupuestos de 2.020, es necesario reclamar firmemente el derecho a vivir con dignidad de las y los pensionistas más desasistidos del Archipiélago.

Ni para adelante ni para atrás. Las y los pensionistas de este país estamos desde hace meses en una situación de impasse, en la que parece que nadie quiere moverse. Ya hemos cruzado el ecuador del año 2019 y seguimos sin saber qué va a pasar con las pensiones presentes y futuras. No es necesario recordar que las mejoras que hace un año logramos arrancar al Gobierno de Rajoy y que después ratificó el de Pedro Sánchez tienen fecha de caducidad. Dentro de cuatro meses, en enero de 2020, empezará la cuenta atrás para volver a la situación anterior, pues sigue vigente la reforma del sistema público de pensiones, perpetrada por el PP en 2013, con lo que a partir del próximo año –si antes no se remedia– volveremos, entre otras cosas, a la subida del 0,25 por ciento y al llamado factor de sostenibilidad, cuya implantación llevará consigo que los y las pensionistas del futuro cobrarán menos cuanto más tiempo vivan.

A la opinión pública canaria:

Ante los graves hechos acontecidos esta mañana a las puertas del Congreso de los diputados, esta Asociación manifiesta lo siguiente:

1.- Su más enérgica protesta por la carga policial contra los manifestantes que de forma pacífica, como siempre, reclamaban sus derechos a tener unas pensiones dignas, revalorizadas con el IPC y blindadas en la Constitución como un derecho fundamental.