Desde el inicio de la erupción de La Palma hay quienes se han preguntado, en primer lugar, por qué se construye en una isla con riesgo volcánico y, en segundo lugar, por qué algunas infraestructuras de la isla están fuera de ordenación al haberse hecho sin la preceptiva licencia o no estar inscritas en el Registro de la Propiedad.
No deben perturbarnos este tipo de dudas cuando son planteadas por quienes no conocen la realidad insular, pero sí cuando se convierten en juicios de valor que ponen en tela de juicio la rigurosidad de los palmeros y las palmeras a la hora de cumplir con la legalidad vigente en materia urbanística y, por ende, también en materia tributaria.
Criticar desde el desconocimiento, y hacerlo sin que haya finalizado la emergencia, es de una irresponsabilidad supina, especialmente porque las emociones en la isla de La Palma ya son difíciles de gestionar como para sumarle el peso de tal injusticia.