Hace unos días, el Tribunal Constitucional avalaba la atención sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular. Es cierto que hay que esperar a la sentencia definitiva y que por el momento es una medida que afecta sólo al País Vasco, pero el Constitucional ya aclara la "conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad", y la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas, y que ello no puede verse desvirtuado "por la mera consideración de un eventual ahorro económico". En definitiva, el derecho a la salud por encima de los recortes.