El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de las pruebas presentadas y sin realizar ninguna diligencia, no ha admitido a trámite la querella, presentada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) el pasado 15 de enero de 2020, contra los responsables de la trama del negocio con los tratamientos de Oncología Radioterápica en la isla de Gran Canaria.

Las mutuas y servicios médicos de empresas privadas se ofrecen a vacunar y el Gobierno de Canarias lo acepta dejando que ocupen esta competencia de la Sanidad Pública, ignorando además a las muchas voluntarias y voluntarios pertenecientes al personal de enfermería de la Sanidad Pública que se han ofrecido para hacer dicha tarea de modo añadido a su trabajo habitual.
El Gobierno canario accede así al ofrecimiento, sin dudas interesado, de la patronal que sigue escalando peldaños, ahora a través de las CCAA, en su objetivo de la llamada "colaboración pública-privada" con los fondos europeos para la recuperación económica y del empleo que es lo que está detrás de la llamada iniciativa "Sumamos Salud y Economía" que apadrina la Fundación CEOE presidida por la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un "nuevo plan" para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman "autoconcertación" que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como "peonadas".

Hace meses denunciábamos la presión del empresariado que trajo la precipitación en la desescalada en el conjunto del Estado y particularmente en Canarias por parte de la patronal hotelera y turística. Desde el Gobierno de Canarias no se ha actuado debidamente ni en lo que se refiere a las normas de seguridad sanitaria como tampoco respecto de las ratios de "rastreadores". No se ha fortalecido a la Atención Primaria dotándola de los muchísimos recursos que precisa para cumplir con la enorme tarea asignada de ser el eje central en la fase actual de la pandemia. En cuanto al control de las residencias de mayores, resulta inconcebible a estas alturas la nula capacidad demostrada por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Aunque Rosy Cubas es única, desgraciadamente hay muchos casos como el suyo. En suma, se trata de la falta de camas hospitalarias de media y larga estancia que son los indicados para personas enfermas como Rosy, en su caso de una enfermedad muy invalidante que además sufrió una caída en su casa de Santa Cruz de Tenerife hace aproximadamente dos semanas golpeándose la rodilla izquierda, no puede caminar ya que tiene la rodilla inflamada y no tiene familia en Tenerife ni recursos para procurarse los cuidados necesarios. De modo que desde entonces, a pesar del alta, está en el Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria reclamando una solución a su situación que repetimos es la de muchas personas que acuden a nuestra Sanidad Pública y se les da el alta sin ofrecerles una continuación de cuidados mediante una estancia hospitalaria al salir del hospital de agudos de tercer nivel en el que se considera la estancia media de 7 días como máximo. Además, para más inri, Rosy ya está propuesta para intervención quirúrgica e incluso tiene el preoperatorio hecho.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos manifestar nuestra valoración y propuestas ante la preocupante evolución de la pandemia por coronavirus en el conjunto del Estado español y particularmente en Canarias.

En primer lugar cabe señalar que la epidemia nunca remitió por completo porque tiene su base de desarrollo en una estructura social especialmente desigual en comparación con la media europea, tiene su base de contagios en el sistema productivo, en las actividades laborales calificadas como esenciales y otras que lo son menos (salvo para generar ganancias a los poderes económicos), en la economía sumergida, en el trabajo precario, precariedad y capacidad de contagiarse que se extiende a los barrios obreros, que se potencia en las viviendas insalubres y con el hacinamiento.....

Este año 2020 se cumplen 12 años de la actual segunda etapa de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) y lo hacemos con una situación de salud y de asistencia sanitaria marcadas por la pandemia por Covid-19 y todas las consecuencias y efectos concurrentes de una crisis, además de sanitaria, de carácter global, social, económica y posiblemente política.
Por eso es momento de hacer una actualización de nuestro Manifiesto de modo que recojamos las realidades actuales y las medidas que se precisa adoptar por las Administraciones Públicas Canarias.

El Gobierno de Canarias se equivoca por completo cuando en plena emergencia de Salud Pública en vez de dotar de solidez al equipo directivo de la Sanidad Pública nombra para dirigirla a la directiva de la patronal sanitaria privada, no hay sino que ver lo que hay detrás de los pomposos currículums de los elegidos, y no se trata de un episodio de demencia transitoria del Presidente Torres sino de una impresentable actuación colectiva.

Ha comenzado un nuevo año y nuestra Sanidad sigue en precario, los presupuestos para 2020 aunque mejoran los anteriores no son suficiente para el despegue urgente que necesita la Salud de la población canaria. Seguimos con un gasto per cápita por debajo de la media estatal y situada nuestra Sanidad la 6ª por la cola de las 17 CCAA, con unos malos indicadores de Salud que no se puede dejar para más adelante su recuperación necesitándose una financiación por encima de la media para que lo antes posible podamos equipararnos a la media estatal en cuanto a Sanidad y Salud.

Sus últimas declaraciones en las que culpa a los médicos y al Cabildo de Gran Canaria del caos de las urgencias del Hospital Insular de esa isla, además de amenazar veladamente a los profesionales, no nos causan sorpresa conociendo su currículum y su forma de actuar.

Después de pasarse toda la legislatura ensalzando al personal sanitario, resulta que al final de esta y ante enormes problemas de asistencia sanitaria ahora utiliza la vía de responsabilizar a dicho personal de la misma manera que ya lo ha hecho usted mismo refiriéndose a sus "asuntos judiciales", así como el Consejero Baltar eludiendo sus responsabilidades al escudarse en que "son los funcionarios los que aplican los protocolos establecidos en el Servicio Canario de la Salud".