En su más reciente actividad de propaganda, ya preelectoral, la Consejería de Sanidad no ha dudado en utilizar las estadísticas del último Barómetro Sanitario haciendo una demostración en consonancia con el título, "Cómo mentir con estadísticas", de un exitoso libro de Durrel Huff y es que existe el engaño y también el autoengaño estadístico. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que quizás haya sido esto lo que llevó a la consejería a sacar conclusiones que, por otro lado, no se corresponden con determinados datos que se pueden ver en el mencionado barómetro.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que por más que se empeñen nuestras "autoridades sanitarias" en actuar como bomberos que corren a apagar fuegos, en el auténtico colapso que sufren las urgencias hospitalarias en nuestro archipiélago, su responsabilidad es más que patente.
En primer lugar, la Consejería de Sanidad, tras los recortes de los últimos años, no ha resuelto la escasez de recursos materiales y humanos que se da en el ámbito de la Atención Primaria, impidiéndole jugar el decisivo papel para el que fue concebida, "actuar como gestora y coordinadora de casos y reguladora de flujos, así como de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria". No existen programas de cuidados en domicilio para pacientes crónicos y dependientes cuando la contratación de cuidadores y terapeutas profesionales, junto a una adecuada coordinación con Atención Especializada y con una Atención Sociosanitaria bien dotada de camas públicas, minimizaría la sobrecarga de urgencias en los hospitales. Su precariedad favorece que los enfermos acudan a las urgencias hospitalarias lo que además expresa el fracaso de la campaña del Servicio Canario de la Salud culpabilizándolos por "hacer mal uso de los servicios". También refleja la desastrosa implantación del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (PLUSCAN).

Ante la denuncia hecha pública por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, en rueda de prensa celebrada el pasado día 27 de diciembre de 2018, aparece una respuesta de la Consejería de Sanidad, en la página 14 del periódico El Día de 28 de diciembre, que sin dudas merece ser catalogada de inocentada propia de esa fecha.

En 2005 se diseñó la privatización del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Dr. Negrín. En medio de la boyante situación económica del momento, se argumentó que era más barato y rápido implementar el nuevo servicio "externalizándolo" y dejándolo en manos de una empresa privada. El resultado fue llamativo, desde entonces funciona en los sótanos del Dr. Negrín una unidad dirigida por Hospitales San Roque y pagada con dinero público.

Si alguien ha dudado del proteccionismo del Sr. Consejero hacia el sector sanitario privado, que ya temíamos desde el principio de su mandato, los hechos acontecidos últimamente han despejado toda duda.

Los sistemas sanitarios públicos se basan en una concepción que choca frontalmente con los mecanismos de mercado, se fundamentan en que las personas reciban la atención sanitaria según sus necesidades y aporten por la vía de los impuestos según sus posibilidades. Por tanto, si así se hiciera pocas posibilidades de "negocio" quedarían para las empresas privadas de provisión y aseguramiento sanitario, salvo que, como ocurre en Canarias, sea la propia Consejería de Sanidad la que deje servicios sin cubrir, de modo interesado en unos casos o por infravaloración en otros. Esto ocurre con los Servicios de Urgencias Pediátricas, las pruebas de detección precoz del cáncer y con la pobrísima dotación para Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

Eso se derivaría de las cifras que acaban de publicar y sobre las que no tenemos capacidad para ofrecer una suficiente agregación de datos de contraste. Es el gran inconveniente de la escasa transparencia de la administración sanitaria de Canarias que no pone al servicio del control público un sistema de seguimiento continuo de las listas de espera. Es más, incluso nos han negado el acceso a la demora de las especialidades en la zona de influencia del HUC, como denunciamos el pasado 14 de mayo, frente a las citas para fechas escandalosamente tardías, pretendiendo que tales fechas no fueran objeto de fiscalización ni por los profesionales ni por los pacientes. Ahora cuadran la maniobra con unas listas de espera aligeradas. Por nuestra parte queremos poner de manifiesto que en el caso del HUC tenemos datos suficientes para demostrar lo que estamos afirmando, una relación de pacientes que estaban incluidos en listas de espera y dejaron de estarlo por arte del "maquillaje", aunque por la protección de datos no podamos hacerla pública.

Entre los datos que desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias le solicitamos, en escrito presentado el 5 de marzo de 2018, a la Consejería de Sanidad, conforme a la Ley 12/2014 de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, estaban los referidos a las actividades de los centros concertados y al volumen de la correspondiente facturación hecha al Servicio Canario de la Salud, datos que fueron objeto de estudio y extracción de conclusiones por nuestra parte. También se solicitó en dicho escrito información respecto a "Presupuesto económico para el año 2018 de los Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad sin contar el correspondiente al Programa Vacunal."

Recientemente han salido a los medios de comunicación, atacando a las Mareas Blancas de nuestras islas, los corifeos sindicales del Consejero Baltar en el llamado "Compromiso para la mejora de la Sanidad Pública". En las movilizaciones de las Mareas Blancas del 19 de Mayo participaron sectores ciudadanos, de pacientes, asociaciones, sindicatos y partidos políticos que piensan que la Sanidad Pública Canaria tiene arreglo, quienes piensan que las políticas del Gobierno de Canarias basadas en promesas, engaños y lucro, léase privatización, no son el camino y que solo llevan al deterioro de la Salud de la ciudadanía.

Desde hace unas 3 semanas, y coincidiendo con la publicación por esas fechas en algunos medios de nuestra denuncia acerca de los elevados tiempos de espera para las consultas con especialistas, estamos viendo personalmente una serie de casos, y teniendo noticias de otros muchos, de "desaparición", en el sistema informático del Servicio Canario de la Salud, de las citas con especialistas más tardías que el 31 de diciembre de 2018, ya sean estas para cirugía, especialidades médicas o pruebas diagnósticas. Al parecer se circunscribe esta maniobra, que atenta contra la mínima transparencia de la que disponía el personal facultativo para hacer seguimiento de la ruta de sus pacientes por el sistema, a la zona norte del Área de Salud de Tenerife dependiente del HUC, aunque no ponemos las manos en el fuego por esta impresión ya que si hay constancia de que se está haciendo en la zona referida, nada nos impide pensar que pueda hacerse en cualquier lugar de nuestro archipiélago.

Tras estudiar los datos que la Consejería de Sanidad nos ha tenido que proporcionar en base a nuestra exigencia conforme a la Ley 12/2014, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias puede hacer público que lo fundamental y particularmente relevante, desde el punto de vista de la gestión política del Consejero Baltar, se puede resumir en que sin dudas la misma ha arrimado el ascua a la sardina de los intereses de su antigua empresa el Grupo Hospitales San Roque del que era Director de Operaciones cuando accedió a la titularidad de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.