Entre las medidas propuestas por los socialistas en este sentido, González Bethencourt explicó que se encuentra la aprobación de un Plan de Reactivación de la Educación inclusiva de personas con discapacidad, así como un nuevo marco para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.
El candidato especificó que el PSOE apuesta por la aprobación de un Plan Nacional de Reactivación de la Educación Inclusiva de Personas con Discapacidad, que contemple planes de atención educativa individualizados que aborden todas las dimensiones de la persona, incluida la educación sexual en personas con discapacidad intelectual.
En ese ámbito educativo, los socialistas apuestan por reforzar el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad dirigido a incrementar el nivel formativo de las personas con discapacidad, además de incluir en los planes de estudio universitarios la materia de "accesibilidad universal" en las carreras que se identifiquen (ingenierías, arquitectura, tecnologías ambientales, trabajo social, entre otras).
En derechos sociales, otra de las propuestas es la aprobación de un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que contemple las especiales dificultades de las mujeres con discapacidad (casi el 60%) en los ámbitos laborales, educativos, de acceso a servicios y, de forma específica, la violencia de género.
Con respecto a la mejora de sus derechos políticos y civiles, el PSOE apuesta por la reforma del artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término "disminuido" por el de personas con discapacidad, en la consideración de las capacidades diferentes de las personas, derivadas de la formación, posibilidades diversas y la plena integración social y laboral.
En materia laboral, el PSOE pretende elaborar una normativa marco para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en el marco del nuevo Estatuto de los Trabajadores, que regule, con criterios innovadores, la nueva realidad laboral de la discapacidad española.
En concreto, establecer medidas específicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad en los pliegos de contratación de bienes y/o servicios de las administraciones públicas, además de reforzar las actuaciones de la Inspección del Trabajo en la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad.