Tras varios recursos de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, la ejecución se limita a 5,2 millones de euros, 1 millón de euros menos de los inicialmente reclamados para, entre otros conceptos, abonar intereses y costas del procedimiento.
De esta forma se pone fin a un proceso que se inició en 2007 con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios a la concesión de esa garantía. Para ello, la Cámara canaria modificó la Ley de Presupuestos de ese año con el fin de poder respaldar operaciones de crédito a la empresa como parte de un plan destinado a restablecer su viabilidad ya que de ello dependían alrededor de 500 puestos de trabajo.
El aval, que fue concedido mediante decreto en 2008, fue formalizado por el entonces titular de la Consejería de Economía y Hacienda quien suscribió el contrato correspondiente y continuó con su posterior gestión.
Al año siguiente, y ante el impago del crédito por la empresa, cuya actividad principal era la prestación de servicios a comedores escolares públicos, la entidad financiera reclamó el abono de la deuda a la comunidad autónoma por su condición de avalista desembocando tal petición en una demanda judicial.
Finalmente, en un auto de 2012, el juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santa Cruz de Tenerife estima parcialmente la demanda emitiendo el pasado mes de abril una diligencia para la ejecución final del citado aval.
