"Desde Derechos Sociales continuamos en nuestra labor de desarrollo del concierto social, a través del cual se regula la prestación de los servicios sociales públicos en nuestra comunidad, así como en el desarrollo del catálogo de servicios sociales", señaló González, quien aclaró que el Concierto social permitirá que aquellos servicios sociales que no preste la administración pública, como comedores sociales o pisos tutelados, lo puedan gestionar las entidades del tercer sector con un periodo mínimo de 4 años, "lo que repercute positivamente otorgar a los servicios sociales una mayor estabilidad y garantizar que la ciudadanía cuente con estos servicios de forma continuada".
En relación al Catálogo de Servicios Sociales, a través del cual se recogen, identifican y definen las prestaciones de referencia del sistema público de servicios sociales, el director general anunció que el Ejecutivo tiene ya "muy avanzado" los servicios y prestaciones de la consejería y actualmente están trabajando Cabildos y ayuntamientos para definir los servicios y prestaciones insulares y municipales.
González enfatizó que todo el proceso de diseño y debate de estos decretos se ha llevado a cabo desde la premisa de la participación. "Queremos que el estudio y desarrollo de estas normativas se realicen de forma consensuada, participada y participativa; por ello, la Consejería ha asumido la elaboración de los borradores de los decretos y las subcomisiones están realizando interesantes aportaciones". Dichas subcomisiones están conformadas, no solo por personal técnico de la Consejería, sino también por miembros del Tercer Sector y de los colegios profesionales del sector.
"Nuestro objetivo es procurar la máxima participación de los agentes sociales implicados más allá del proceso de participación exigido por ley y no solo en relación al desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales", aclaró el director general. En esta línea, señaló que ya se está trabajando también en otros compromisos derivados de la Ley como la renta ciudadana, el plan de lucha contra la pobreza o la gestión de la tutela de personas mayores.
