La Entidad muestra "su más enérgico rechazo a la afirmación de que las cuentas aprobadas por los distintos Órganos de Gobierno fueren alteradas o no respondiesen a la realidad". Al menos, "desde la última década", continúa, "las cuentas anuales de la Entidad han sido siempre auditadas y han contado siempre con informes de los auditores externos sin salvedades y con informes de los Órganos de Control que no reflejaron en ningún momento la existencia de posibles irregularidades".
Cabe destacar que La Caja de Canarias, como entidad financiera, "está sometida a inspecciones periódicas del Banco de España". Durante todos los ejercicios, la Entidad "ha atendido puntualmente las recomendaciones y requerimientos de dicho Órgano supervisor y los auditores han tenido la oportunidad de verificarlo y reflejarlo en sus informes", señala.
Recuerdan en el comunicado que "tanto las cuentas anuales como los informes de auditoría y de los Órganos de Control han sido remitidos en cada ejercicio al Banco de España y a la Consejería de Economía y Hacienda en cumplimiento de la legalidad vigente". Y destacan que "en la última década ningún miembro de los Órganos de Gobierno ha impugnado judicialmente ningún acuerdo o decisión de sus Órganos de Gobierno y Control ni existen ni han existido procedimientos sancionadores iniciados frente a los miembros de dichos Órganos ni frente a los directivos de la Entidad".
Dada la reciente la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros, S.A. del que La Caja de Canarias formaba parte como accionista," la Entidad lleva semanas valorando las posibles acciones a emprender para la defensa de su patrimonio. Dicha valoración se encuentra aún pendiente de culminar".
Y concluye diciendo que "la Caja de Canarias emprenderá las acciones que pudieran asistirle para la defensa de su patrimonio así como de su buen nombre incluso frente a quienes quebranten o hayan quebrantado sus deberes inherentes a las responsabilidades desempeñadas".
