Así, con el paso de los años y el afianzamiento de las democracias aquella barbarie pareció quedar ya lejos, y en las últimas décadas la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su día internacional se utilizaron en Europa para recordar a mandatarios y ciudadanía que todavía había grupos humanos a este lado de la frontera y especialmente al otro lado que sufrían privaciones de derechos humanos, desde los más básicos como el derecho a la vida o el derecho a la libertad, hasta otros igualmente necesarios, como la educación, la sanidad, la alimentación o la vivienda.
Por desgracia, la memoria del ser humano es débil y con ello parece condenado a repetir la historia, de modo que hoy, en en diciembre de 2012, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Constitución Española y otros muchos textos legislativos, no son más que papeles mojados que en apenas nada se cumplen. Y lo que es aún peor, ya no hablamos sólo de que no se respeten los Derechos Humanos en otros países del mundo, es que cada vez más en España y especialmente en Canarias muchos de estos derechos humanos que creíamos asegurados les son privados cada vez a más ciudadanos en su propia tierra. Bastaría con tomar algunos indicadores sociales recientes para caer en la cuenta: con un 35% de la población canaria en riesgo de exclusión social según el INE; con casi 124.000 parados de Canarias que ya no cobran prestación ni subsidio alguno por su condición de desempleados siendo éstos el 43,04 % del total de los inscritos en las oficinas públicas de empleo; cuando sabemos que desde el año 2008 hasta la fecha más de 8.400 familias han perdido en Canarias su vivienda por no poder hacer frente al pago de la hipoteca (400.000 en toda España), sin contar a las familias que son desahuciadas o se quedan sin vivienda por no poder hacer frente a un alquiler; o cuando nos enteramos de que en los tres últimos años un total de 237 menores han sido entregados por sus familias al Gobierno de Canarias por imposibilidad de atenderlos, acuciados por el paro y la precariedad extrema. Unos datos a los que hay que sumar como agravantes el hecho de contar con una de las cestas de la compra más caras o vivir en una Comunidad Autónoma con geografía insular donde la movilidad es más complicada y costosa. Mención especial a la gran mentira de la Prestación Canaria de Inserción, la PCI, única ayuda autonómica que contempla el Gobierno de Canarias y que apenas si cuenta con fondos asignados, alcanzando únicamente al 1% de la población que merecería cobrarla.
Con todos estos datos, que mucho más que datos son verdaderos dramas humanos que constatamos cada día en nuestra Plataforma, podemos afirmar que en Canarias se incumple claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empezando por el Artículo 16, cuando se afirma que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado", continuando con el Artículo 22 que defiende que "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad", o el Artículo 23, donde se dice que "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo", y acabando con el Artículo 25, donde se postula que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social."
Visto lo que acabamos de exponer, en la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar no podemos dejar de mostrar, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, nuestro más frontal rechazo a las políticas que se están aplicando desde nuestras Administraciones Locales, Insulares, Autonómica y Estatal en el contexto de la actual provocada crisis, por favorecer deliberadamente a empresarios, banqueros y otras clases pudientes de nuestra sociedad en detrimento de las clases más humildes, avocando a muchas familias en Canarias a sufrir violaciones y privaciones de sus derechos más básicos y elementales.
Así, siguiendo con nuestra habitual línea de denuncia, después de haber denunciado hasta la saciedad lo que viene ocurriendo en el Municipio de Santa Cruz de Tenerife, informamos que el próximo martes día 11 de diciembre estaremos registrando escritos al efecto ante el Defensor del Pueblo y ante el Diputado del Común para dar cuenta de lo que está pasando en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna, donde familias y madres precarias con hijos menores a cargo, sin ingresos o con escasos ingresos, familias de La Verdellada, de La Cuesta, de Taco, de El Cardonal y de otros barrios, se están viendo sometidas a una burocracia infinita para acabar privadas de cualquier ayuda con los argumentos más dispares e injustos, empujadas así a pasar hambre y miserias hasta extremos más propios de un país del mal llamado Tercer Mundo que de una ciudad histórica que presume de ser Patrimonio de la Humanidad.
De ello, esperamos poder también dar cuenta a los tres grupos de la oposición municipal, XTF, Sí se Puede y Partido Popular, a los que hoy mismo día 10 de diciembre estamos pidiendo una cita, no descartando acudir a otras instancias en el futuro (UNESCO, Fiscalía, Gobierno Local, Gobierno de Canarias, Unión Europea) si ello fuera necesario.
Un 10 de diciembre de 2012,
triste Día Internacional de los Derechos Humanos,
desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar.
