Las estrategias neoconservadoras desarrolladas por la Troika, Merkel y los distintos gobiernos sumisos han fraguado el entreguismo de la política a los sistemas económicos con sus reformas laborales, recortes sociales y especulaciones financieras que están produciendo un daño terrible en forma de desempleo, miseria y desigualdad. Esto no lo digo por primera vez, pero desgraciadamente no deja ni de ser cierto ni de acentuar su virulencia. En el Viejo Continente existen en estos momentos 116 millones de pobres y 40 de ellos sufren carencia de alimentos. En España una de cada cinco personas (casi trece millones) se encuentra sumida en la pobreza y según el informe "Crisis, desigualdad y pobreza" de Intermón, en colaboración con Médicos del Mundo, Unicef, Cáritas y la red de organizaciones de acción social de la Compañía de Jesús, se corre un peligro serio de alcanzar la cifra de 18 millones de personas (un 40% de la población) en riesgo de padecer exclusión social. Poco a poco se va conformando una sociedad de ricos más ricos y pobres más pobres, sin clases medias y, al mismo tiempo, se va inoculando el sentimiento de que el parado no quiere trabajar, de que se ha acomodado a las ayudas y de que ha vivido por encima de sus posibilidades. Todo para justificar los ajustes y recortes y la desprotección de la ciudadanía y para acallar y frenar a las voces críticas con la situación.

Dentro de la voladura del Estado programada por el neoliberalismo actual (que bebe de Hayek y la Escuela Austríaca más defensora del "laissez faire") el Estado de bienestar -surgido tras la Segunda Guerra mundial e inspirado en un capitalismo keynesiano que buscaba la paz social con elementos correctores de la economía liberal- no es sino una rémora paralizante. Garantizar a los ciudadanos los mismos derechos y disponer de elementos correctores de las desigualdades, claves en un Estado de derecho, no son sino mamarrachadas obstruccionistas. Hay que ir vaciando entonces los presupuestos del Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos de las partidas económicas necesarias para mantener los servicios sociales básicos, la sanidad pública, la educación universal y gratuita... La lucha contra la pobreza y la exclusión social ha ido pasando de ser un derecho garantizado por la Constitución a un mecanismo de beneficencia, al albur de la caridad, las limosnas o la solidaridad ciudadana.

Hace unos días Cruz Roja presentó su informe anual "Vulnerabilidad social 2011-2012". Según esta organización, desde 2008 la cifra de personas que han atendido ha aumentado en un 163%; el 70% de las familias que demandan su ayuda no pueden garantizar la alimentación saludable de sus hijos y el 33% no tiene ningún tipo de ingresos. También en su último informe anual, Cáritas nos certifica que el número de personas que han requerido sus servicios de acogida y asistencia han aumentado en un 174% en cinco años. Afirman que si se desandara lo andado en la pérdida de recursos, se tardaría 20 años en poder volver a recuperar el bienestar perdido. Por increíble que parezca, y a pesar de los datos que nos presentan, las aportaciones públicas para garantizar su labor se están viendo reducidas cada año de manera considerable.

No se me ocurre, ni por asomo, cuestionar el papel de estas entidades ni de otras, de probada solvencia e implicación en la búsqueda de fórmulas para paliar la situación de tantas personas necesitadas. Gracias a ellas y a la labor de los servicios sociales municipales que aún resisten, el drama de la supervivencia se hace más llevadero en estos momentos para muchas familias. No voy a cuestionar tampoco, por supuesto, la caridad en el sentido cristiano de expresar amor al prójimo. Pero ésta no es la solución. Como no lo es, ni mucho menos, la barbarie de muchos medios de comunicación que hacen de la pobreza un espectáculo mediático, desnudando la necesidad de muchas familias, ante todo el mundo, hasta que aparece un salvador que les ofrece un trabajo o una vivienda, después de que público, afectados y espectadores hayan llorado a lágrima viva. Como no lo es, por ejemplo, la "generosa" aportación de Amancio Ortega de 20 millones de euros a Cáritas a finales del año pasado. Es cuando menos cuestionable que la tercera fortuna mundial, que ha facturado reiteradamente sus ventas en internet desde Irlanda, porque ese país tiene una fiscalidad muy beneficiosa, que crea sociedades en lugares con fiscalidades muy laxas, en vez de hacerlo en su país, que se apoya en las cuestionadas sicavs para gestionar su patrimonio personal y no pagar impuestos, o que dispone, como tantos otros, de fábricas en lugares donde es usual disponer de mano de obra infantil o mano de obra adulta con salarios miserables, pretenda enjuagar con ese dinero su imagen –y tal vez su conciencia- en vez de pagar sus impuestos en su país y así no tener que dar limosnas.

Porque esa debe ser la alternativa. Hacer que paguen más los que más tienen de manera progresiva; impedir la evasión de impuestos y su asentamiento en paraísos fiscales; poner coto a la especulación económica y gravar las transacciones financieras, deben ser los elementos imprescindibles para garantizar la equidad y la igualdad.

Frente a la concentración de la riqueza y la generalización de la pobreza se hace cada vez más ineludible la creación de los mecanismos necesarios que permitan corregir las desigualdades y las discriminaciones. El Estado debe propiciar un sistema solidario que defienda la integración y la cohesión social frente a la teoría neoliberal de que la salvación colectiva solo puede venir desde el éxito individual sin cortapisas. No podemos aceptar las tesis de Hayek: "Nada ha destruido más nuestras garantías constitucionales de libertad individual que el intento de alcanzar el espejismo de la justicia social".

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de Febrero como el Día Mundial de la Justicia Social para defender la necesidad de consolidar aún más los esfuerzos de la comunidad internacional en la erradicación de la pobreza y en la promoción del empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la justicia para todas las personas. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995 consiguió el reconocimiento de que una "sociedad para todos" debe basarse en la justicia social y el respeto por todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y pensábamos que por aquí ya lo teníamos garantizado, pero la globalización ultraliberal nos está llevando a un cuestionamiento de la democracia y la justicia social a la que consideran como un elemento de intimidación ideológica porque viene impuesto desde arriba. Estamos, sin duda, ante un embate económico e ideológico (mientras nos dicen que las ideologías no existen) frente al que no podemos sucumbir. El obispo brasileño, defensor de los derechos humanos y militante de la teología de la liberación, Hélder Câmara, lo expresó con absoluta claridad: "Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista".

Antonio Morales Méndez
Alcalde de Agüimes