Ya en diciembre de 2011 denunciamos estos Presupuestos como insuficientes para superar a medio plazo las notables deficiencias existentes en nuestro Sistema Educativo (caracterizado por contar con una de las tasas de fracaso escolar más altas del Estado y de la Unión Europea) y continuistas respecto a las políticas educativas impulsadas en el pasado por doña Milagros Luis Brito y el extinto pacto CC-PP.

En el primer trimestre del presente año hemos vivido la paralización de muchas acciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en espera de los presupuestos estatales, de los cuales se esperaban importantes recortes, que podrían modificar los planes previstos en los presupuestos aprobados para el 2012.

Y, una vez finalizado el periodo de gracia concedido por la cercanía de las elecciones en Andalucía y Asturias, el Partido Popular ha iniciado una brutal carrera de recortes, en el campo laboral, en igualdad, en dependencia..., y ahora, de forma perversa, proporcionan un tremendo hachazo en sanidad y educación.

Los recortes anunciados

En un programado plan de aniquilamiento de la enseñanza pública, en los Presupuestos Generales del Estado para el 2012, presentados por el Partido Popular el 30 de marzo, se incluyó una rebaja de casi el 22% en el capítulo educativo, que afecta a las partidas de enseñanzas universitarias (-62,5%), de Infantil y Primaria (-36,5%) y de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (-29%). Desaparecen diez de los diecisiete Programas de Cooperación Territorial, programas destinados, en su mayor parte, a ayudar al alumnado con problemas socio-económicos. Entre ellos el plan de construcción de escuelas para el primer ciclo de Educación Infantil, de cero a tres años (Educa3) y el programa de introducción de las nuevas tecnologías de la información en el aula (Escuela TIC 2.0). Así mismo, prácticamente desaparece la asignación para formación permanente del profesorado (-92%), la partida presupuestaria destinada a ayuda de compra de libros de texto se disminuye considerablemente (-80%), se rebajan las becas y ayudas al estudio (-11,6%) y se reduce el apoyo del Ministerio a "otras actividades escolares" (-73 %).

Y nueve días después, el Señor Rajoy tiene la "deferencia" de anunciar a la ciudadanía, mediante una nota de prensa, un recorte adicional en Sanidad y Educación de 10.000 millones de euros. Estos recortes, que no concretarán en medidas hasta celebrar las reuniones sectoriales con las Autonomías, que son quienes finalmente deberán llevarlos a cabo, anuncian ya que los 3.000 millones de Educación traerán consigo el aumento del número de alumnos y alumnas por aula, de las horas lectivas del profesorado y de las tasas universitarias, así como la reducción de las becas. Al profesorado interino y sustituto que actualmente trabaja en la enseñanza le quedan unas semanas de trabajo, pues los recortes y las medidas se traducirán en despidos y no-contrataciones. Es muy probable que estos despidos alcancen no sólo a la enseñanza no universitaria, sino también a la enseñanza universitaria, donde veremos pronto cómo desaparecen facultades completas.

La reacción de las comunidades educativas, de la ciudadanía y de los representantes políticos canarios, no se ha hecho esperar. En concreto, tanto don Paulino Rivero, presidente del Gobierno Canario, como don José Miguel Pérez, vicepresidente y consejero de educación, han hablado de "alto riesgo para el mantenimiento de los servicios públicos". Lo cierto es que los progresivos recortes presupuestarios están haciendo peligrar conquistas fundamentales logradas en la enseñanza pública, como su universalidad, su gratuidad, o su calidad.

El Acuerdo Social y Político en Educación que nos quieren vender

Tal vez, por ello, cuando urge la movilización de la ciudadanía en defensa del servicio público educativo, cuando se requiere una respuesta enérgica y rápida por parte de los responsables políticos del Gobierno de Canarias, con medidas concretas para salvar este riesgo; sorprende que, tras la presentación de unas polémicas orientaciones del Informe PISA para Canarias, el Consejero de Educación haya anunciado en rueda de prensa, una nueva propuesta de Bases para un Acuerdo social y Político para fortalecer un sistema educativo de éxito en Canarias.

He de reconocer que, además, el comienzo no me ha convencido. No me ha parecido apropiado que, una vez más, antes de presentar esta propuesta al Consejo Escolar de Canarias, a las comunidades educativas, a sus organizaciones representativas..., el Consejero de Educación haya primado "hacerse la foto". En pocos días, la presencia de los dirigentes de la Consejería de Educación se ha intensificado en los medios de comunicación, insistiendo en la "supuesta" necesidad sentida por la población y sus representantes políticos de alcanzar un gran acuerdo social y político por la educación, resaltando que lo lograremos "entre todos", que debe estar basado en compromisos de las organizaciones firmantes y que debería estar suscrito cuando finalice el curso (¡dentro tres meses!).

No me puedo abstraer de repasar las diferentes propuestas planteadas en las legislaturas gobernadas por el PSOE (el PP no se entretiene en estas "minucias") en torno a la firma de "Pactos" y "Acuerdos", sea en el campo que sea. En todos ellos, bajo el tramposo discurso de la crisis y la invocación de la necesidad de que "todos arrimemos el hombro", se ha desarrollado una ola de contrarreformas que han supuesto un grave retroceso en los derechos y conquistas sociales, condiciones de vida y trabajo (empleo, salarios, pensiones, servicios públicos, etc.).

No quiero ser aguafiestas ni pesimista, pero frente al entusiasmo mostrado por el señor José Miguel Pérez, es conveniente que se alcen también las voces de la sensatez y de la alarma ante la pertinencia, los contenidos y las consecuencias del mismo. Si hablamos de un Acuerdo social y político en defensa de la Enseñanza Pública Canaria, de titularidad y gestión pública, como eje vertebrador del Sistema Educativo de éxito para Canarias, que las fuerzas políticas se ven obligadas a suscribir por el empuje de la mayoría social, habrá que apostar por él. Si hablamos de un Acuerdo social y político que apuesta no sólo por la igualdad de acceso a la enseñanza, sino por la igualdad de éxito, planteando el reto de ser capaces de responder a la diversidad asegurando que ésta no derive en desigualdades, habrá que comprometerse con él. Si hablamos de un Acuerdo social y político que asegura los medios necesarios para garantizar la calidad de la enseñanza para todas y todos, habrá que aplaudirlo. Pero, mucho me temo que no sea ese el caso del Acuerdo que se plantea, visto lo que está planteado en los actuales presupuestos autonómicos en vigor y mucho más lo que se tiene decidido por parte del gobierno del Partido Popular y que tendrá que aplicar el Gobierno de Canarias.

El consenso social está materializado en la ILP de Educación

Lo cierto es que en Canarias contamos con múltiples análisis y estudios, y disponemos de elementos que la experiencia acumulada y la investigación internacional atesoran como factores de mejora, tales como el aumento de plazas públicas de 0 a 3 años, la reducción de alumnos y alumnas por aula y por docente, la potenciación de la atención tutorial, la apuesta por centros pequeños, participativos y democráticos, con proyectos educativos autónomos y consolidados, en los que se promueva un clima escolar positivo, la enseñanza colaborativa e inclusiva, la formación e implicación de un profesorado crítico y reflexivo, la presencia de personal especializado, la cobertura de todas las bajas, el desarrollo de programas de apoyo y refuerzo en jornada lectiva, la compensación de las condiciones socioeconómicas desfavorables, el impulso de medidas reales de atención a la diversidad, la promoción de la participación de las familias, la oferta amplia y diversa de Formación Profesional en función de las demandas del alumnado y la rentabilidad social y no sólo de la rentabilidad inmediata de las empresas, etc.

Contamos con una Iniciativa Legislativa Popular por un Ley Canaria de Educación que es el resultado de un amplio consenso social ya constatado, al haber sido avalada por más de 35.000 firmas, pendiente de tramitación en el Parlamento Canario. ¿Qué es lo que impide, entonces, a la actual Administración educativa canaria abordar las carencias de nuestro sistema público de educación, si existe voluntad política, tal como se recoge en la Introducción de la propuesta de Acuerdo presentado por el Consejero de Educación, para hacerlo?

Estaremos de acuerdo en que no se trata tanto de mejorar el sistema educativo para lograr mayores cotas de "excelencia" para algunos, como de poner en práctica políticas y actuaciones concretas, sobre todo de compensación de desigualdades educativas, para evitar el fracaso escolar de muchos, para conseguir el éxito escolar para todas y todos. Y eso, ineludiblemente, pasa por asegurar una FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO EDUCATIVO, que garantice, en un plazo temporal limitado, la suficiencia de recursos para afrontar las medidas planteadas, mediante una financiación sostenida y equitativa, asegurando que en los próximos años se alcance el 7% del PIB en inversión pública educativa.

Lo que nuestro sistema educativo canario necesita es la valentía de un gobierno para cambiar la política educativa seguida hasta el presente y reorientarla a favor de la mayoría social. Las Administraciones educativas ejercen un papel muy importante en relación con el logro del éxito escolar, en cuanto a los recursos que dedican, la legislación que aprueban o las líneas de trabajo y criterios que ponen en marcha para buscar la atención educativa del alumnado. La eficacia en sus logros dependerá de lo acertado de las medidas planteadas, de la inversión económica que se destine a las mismas, de cómo se llevan a la práctica y del contraste con los resultados, no de un aval formal de "consenso".

No es una crisis, es una estafa

Hemos de tomar conciencia del momento trascendental que estamos viviendo. La "crisis" se está usando para imponer un retroceso social extraordinario que está suponiendo el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos democráticos básicos y un avance contundente en el desmantelamiento de los servicios públicos, entre ellos el de educación.

En estos momentos adquiere vital importancia que nos convenzamos de que los procesos de recortes y sus consecuencias, si bien son impulsados por sectores poderosos, pueden ser revertidos, que es posible pararlos y buscar colectivamente una alternativa de construcción de proyectos de desarrollo democráticos que nos garanticen una vida más plena y digna. Nuestros dirigentes, con la excusa de "calmar a los mercados", siempre insaciables, han hecho una apuesta clara: destinar nuestro dinero a pagar deudas a bancos y entidades financieras a los que han rescatado recientemente, mientras desmantelan el incipiente "Estado de Bienestar".

Asumamos nuestra responsabilidad

Tenemos la responsabilidad de avanzar en fortalecer la conciencia de la ciudadanía para que se asuma que la escuela pública, que acoge a todas y todos, la que incluye la diversidad social y cultural del alumnado y genera las mejores condiciones para el desarrollo de la calidad y equidad educativa, está en grave peligro.

No nos podemos dejar encandilar por propuestas supuestamente dialogantes y de búsqueda de consensos que, además, no van a alcanzarse, a la luz de lo sucedido en la anterior legislatura en el ámbito estatal. No podemos ni queremos ser cómplices de más recortes, tamizados de buenas intenciones, no podemos entretenernos en firmas y fotos para la galería. Es época de movilización de las comunidades educativas y de toda la ciudadanía para defender, en cada centro educativo, en cada municipio y en todas nuestras islas, nuestro principal patrimonio y garantía de futuro, nuestro servicio público de educación y su adecuada financiación. La unidad y consenso de las comunidades educativas canarias está concretada en la Iniciativa Legislativa Popular Por una Ley Canaria de Educación. En ella tenemos una excelente oportunidad de Acuerdo social y Político para fortalecer un sistema educativo de éxito en Canarias.

Mary C. Bolaños Espinosa. Maestra