Nos encontramos con la mayor cifra de deuda financiera de nuestra historia, tenemos contratos bancarios de préstamos firmados y pendientes de devolver por valor de la friolera de 125 millones de euros, con sus correspondientes intereses a parte. Sólo por este concepto el año pasado tuvimos que hacer frente a más de 21 millones de euros, en este ejercicio debemos asumir un importe equivalente. Lo peor no es el voluminoso importe sino el destino de ese dinero, la mayor parte ha sido consignada a cubrir gastos corrientes y no ha servido para lo que hubiese sido realmente interesante, es decir, a inversiones que hiciesen de nuestra ciudad y nuestro entorno un lugar atractivo para inversores de tal manera que el municipio recuperase la senda de la actividad económica y de la generación de empleo.

Sólo en procedimientos judiciales derivados o provenientes tanto de una inadecuada elaboración y gestión de los planes generales, así como por expropiaciones incorrectamente ejecutadas, tenemos 156 expedientes. De esos hemos podido analizar y evaluar unos 42 expedientes y suman ya la friolera de más de 62 millones de euros. Lo más preocupante no es el importe analizado sino lo que resta por asumir, ya que no podemos saber donde acaba esto y de que astronómica cifra estamos hablando, y todo esto además, con sus correspondientes intereses de demora.

La complejidad de esta situación es la colusión de dos importantes normas de ordenamiento jurídico. Por un lado, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobada al amparo de la reforma de la Constitución que da prioridad absoluta al pago de la deuda financiera así como de sus intereses frente a cualquier tipo de gasto. Por otro lado, tenemos numerosas sentencias judiciales de inmediata ejecución, lo que significa en el mejor de los casos y si nos permitieran pagar este importe de forma aplazada, supongamos que nos dan cuatro años, que tendríamos que asumir 15 millones anuales más los intereses, además de ir incorporando aquellas sentencias que nos continúen llegando.

Como se puede ver nos encontramos ante una situación límite, una situación que si no logramos atajar pronto y con el esfuerzo de todos desembocaremos en un camino sin retorno del que difícilmente podremos salir. Se requiere hoy más que nunca la unidad de todos para hacerle frente a la que puede convertirse en la verdadera quiebra de nuestra institución y por ende de nuestra cuidad. El tiempo apremia y no es este el momento de decir como hemos llegado hasta aquí sino como vamos a salir de esta, es el momento de abogar por la unidad institucional, por elevar el discurso y por tener altura de miras.

Darío López
Director de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Telde