Todo bien de no ser por el hecho de encontrarnos con la calle del Parlamento cortada por ambos lados con un despliegue policial sin precedentes para un acto pacífico y simple como era este. Varias furgonetas de la Policía Nacional, una decena de agentes, controles de acceso, y todo por no más de seis ciudadanos, la mayoría mujeres, haciendo valer su derecho a la participación política como ciudadanos en democracia.
Este hecho nos da una idea de lo alejados que están nuestros representantes políticos de los ciudadanos de a pie y del miedo que le tienen a la gente de la calle, cuando tienen la necesidad de blindarse cuando varias personas se acercan a uno de los símbolos de nuestra democracia, como es el Parlamento.
Igualmente nos mueve a una reflexión: ¿cómo se justifica que una decena de agentes de la Policía pagados con fondos públicos pierdan media mañana en vigilar a un grupo de ciudadanos preocupados por el bien común, con la cantidad de delincuentes probados que siguen libres en nuestras ciudades?
En cualquier caso, honda reflexión hemos de hacer sobre este hecho, esta es la democracia que tenemos.
Al margen de este detalle y volviendo a la acción que nos movía, esperamos ahora que con los escritos presentados en el Parlamento y en la Consejería se muevan, para admitir a trámite nuestras peticiones o para rechazarlas, unas peticiones que son básicamente estas:
I.- Que se establezcan planes y programas de información que aseguren que los padres que escolaricen a sus hijos en colegios concertados de Canarias sepan con claridad al inicio de cada curso cuales son sus derechos, especialmente el que los protege ante intentos de cobrar de manera forzosa la cuota voluntaria (u otros conceptos) o a ser discriminados o invitados a marcharse por no pagarla, como parece que ocurre en muchos centros.
II.- Que se fiscalicen y controlen de manera rigurosa los sobrecostes que muchos colegios concertados incluyen en servicios escolares y actividades extraescolares para obtener más beneficios, al objeto de comprobar si en verdad esos sobrecostes se reinvierten siempre en su totalidad en el colegio y no son repartidos en forma de dividendos a los accionistas o invertidos en reservas como la RIC, con dudoso destino final.
III.- Que se reabra el expediente registrado en la Consejería por la denuncia que en 2009 presentó una madre (doc. núm. 2) contra un colegio concertado de La Laguna por cobros indebidos, y con la información económica adicional que le adjuntamos aquí (doc. núm. 4) y la que hay en el informe de referencia (doc. núm. 1) correspondiente al mismo colegio, donde se prueban considerables beneficios anuales y por tanto un más que posible ánimo de lucro, estime si es procedente una sanción al mismo o la supresión del concierto por incumplimiento de las normas sobre conciertos.
IV.- Que se fiscalicen y controlen de manera exhaustiva los procedimientos de admisión de alumnos que establecen los colegios concertados en Canarias al objeto de que no se discrimine a ningún niño por razón de nacionalidad, como parece que viene ocurriendo en los últimos años en base a los datos que arroja el Ministerio de Educación (ver apartado 3º del documento número 1).
V.- Que teniendo en cuenta la realidad social de la población canaria cada vez más precaria y desigual, desde la Consejería se opongan frontalmente a la nueva Ley que prepara el Gobierno Rajoy, la LOMCE, una norma elitista, mercantilista y segregadora que traerá muy graves consecuencias especialmente a Canarias, y se apueste decididamente por potenciar la Educación Pública en detrimento de la Escuela Privada-Concertada, esto es, que se vaya poniendo fin a los conciertos educativos en Canarias, siendo como es la Educación Pública la única que garantiza la gratuidad, la igualdad y el libre acceso a todos los alumnos sin discriminación.
VI.- Como agentes sociales activos y preocupados por la Educación Pública que somos, nos permitan tener una entrevista con Usted para tratar en persona todas estas cuestiones, al objeto de saber el proceder del Parlamento y poder plantear acciones futuras.
VII.- Que se nos conteste en tiempo y forma, tal cómo establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se adjunta copia del escrito que presentamos en la Consejería de Educación junto con dos fotos tomadas en la mañana de hoy, una donde se observa el despliegue policial, la otra de varias de las personas que presentamos el escrito. Juzguen ustedes la peligrosidad.
Un 10 de junio de 2013, desde la Plataforma por la Dignidad.
