Ello motiva que nuestra organización sindical va a continuar contestando, al menos en su ámbito de influencia social y laboral, a todos y cada uno de los recortes sociales y laborales independientemente que procedan del gobierno de Mariano Rajoy o del ejecutivo de Paulino Rivero.

Los servicios públicos y el estado de bienestar de los canarios vuelven a sufrir los repetidos embates mediante relevo de uno y otro gobierno. La fuerte subida de impuestos y la nueva rebaja de salarios impuesta a los empleados públicos el pasado fin de semana por el ejecutivo canario, es rechazada por Intersindical Canaria aunque el gobierno (CC y PSOE) quiera justificarla con los recortes de inversión del Estado y las Islas.

La caída de la inversión de los PGE para Canarias durante 2012 en unos 1400 millones de euros, reitera y agrava la discriminación colonial con la que la generalidad los gobiernos del Estado han venido castigando a las islas que, recordemos, mantiene además un déficit sostenido de inversión de cerca de 300 euros menos por habitante en relación con la media española. En este contexto, Intersindical Canaria considera que el gobierno de Paulino Rivero no es ajeno a la misma, ya que de alguna u otra forma, tanto el gobierno autónomo como sus diputados afines en el parlamento español, han tolerado o consentido la situación que ahora denuncian. La complicidad del ejecutivo de las islas es aun más evidente si consideramos que tanto el PP como el PSOE han formado parte de las labores de Gobierno con el grupo de Coalición Canaria.

Al carecer de autoridad política para exigir y recuperar del gobierno del Estado los recursos económicos que a Canarias le corresponden y necesita, Intersindical Canaria aconseja a Paulino Rivero y a su gobierno que, de inmediato, realice los trámites para la devolución al gobierno del PP de las competencias transferidas, principalmente aquellas que tienen que ver con los servicios públicos. Si la gestión del ejecutivo canario va a continuar limitada a gestionar las miserables partidas presupuestarias procedentes de Madrid y asestar más y nuevos recortes a los servicios públicos del Archipiélago con una permanente caída en la calidad de las prestaciones al ciudadano, al ejecutivo canario no queda ningún argumento para no dar ese decisivo paso.

Por último, Intersindical Canaria aventura para los próximos meses un agravamiento de los actuales y alarmantes indicadores sociales del Archipiélago. Todas y cada uno de las medidas que se vienen aplicando en Canarias tanto desde el Estado como desde el propio gobierno de Canarias, diga lo que se diga, tienen como único objetivo el satisfacer la insaciable avaricia recaudadora de los mercados financieros sin importar los sacrificios que se imponen a los trabajadores y a las clases populares. Esta situación, en una economía suicidamente dependiente como la canaria, propicia que caiga el poder adquisitivo de los salarios, descienda el consumo, aumente la precariedad laboral, y continúe sin estimularse la inversión, incluida aquella que podría destinarse a la creación de empleo. La destrucción de empleo que, irresponsablemente, viene también promoviendo desde el pasado año el Gobierno canario en el sector público, completa un panorama aún más tenebroso.

Secretaria de Comunicación

Intersindical Canaria

Jaime Bethencourt Rodríguez