Así se nos acusó de no movilizar contra el gobierno de Zapatero, por razones que tenían que ver con las subvenciones recibidas, luego cuando se comprobó que las subvenciones no daban para tanto y que el procedimiento de financiación de las organizaciones sindicales tiene una transparencia y una rentabilidad social y económica incalculable en relación con la que reciben por ejemplo los partidos políticos, pues resulta que además de convocar una huelga general cuando el gobierno pretendió poner en marcha una reforma del mercado laboral sin acuerdo social, las organizaciones sindicales han defendido en solitario al principio que está política económica era un inmenso suicidio colectivo.

En efecto, los mismos que nos criticaban por no movilizar contra el gobierno, respaldaban luego incondicionalmente las políticas de austeridad encaminadas a controlar un déficit público que hoy, cinco años después, es mas problema que entonces.

Y es que el movimiento sindical no se moviliza contra gobiernos, ni contra partidos. Eso sería tanto como beneficiar a los contrarios y poner en riesgo una independencia frente al poder que a pesar de todos los pesares, el movimiento sindical mantiene incólume en medio de la crisis. El movimiento sindical se moviliza contra políticas concretas, en este caso contra las políticas de austeridad, contra el proceso masivo e indiscriminado de saqueo de los servicios públicos, del abandono en la exclusión social de millones de personas.

Una fase de esa lucha se da en el terreno de las ideas, de la confrontación de proyectos y vías de intervención política económica y social. Que en ese terreno la izquierda ha sufrido una derrota indiscutible, pues eso, no admite discusión. La derecha europea lleva décadas sosteniendo la tesis de que reduciendo al mínimo el estado de bienestar, jibarizando hasta la caricatura los servicios públicos, la economía europea ganaría competitividad y a la larga la sociedad bienestar colectivo y frente a ese discurso la izquierda ha mantenido una posición inmóvil que resistió hasta la primera crisis global del capitalismo. En cualquier caso y siendo parte de los derrotados, no se puede achacar al movimiento sindical esta inmovilidad cuando lo cierto es que alguno de nuestros amigos mas entrañables criticaron cualquier intento de mover como concesiones a la contraparte cuando en realidad la mejor ayuda que se puede prestar a la contraparte es situarse fuera de la escena, al margen de la realidad, encerrarse en discursos y recetas que llevamos décadas sin revisar.

Pero la lucha no sólo se da en las ideas, luego las ideas se aplican en la realidad y lo cierto es que cinco años aplicando una política de austeridad obsesionada con el déficit público y con la deuda de los estados, solo ha servido para empobrecer individual y colectivamente a millones de personas, reducir la competitividad de Europa, enturbiar el futuro de cientos de miles de jóvenes, trasladar riqueza y conocimiento desde el sur al norte de Europa aumentando las brechas en la cohesión y la legitimidad social del proyecto europeo, del cual, el estado de bienestar es una de sus señas de identidad originarias.

La aplastante evidencia de la realidad está consiguiendo generar en el terreno de las ideas cierto rearme de los que defendemos otro modelo de relaciones sociales y económicos y otras prioridades para resolver colectivamente, pero nos parece profundamente injusto olvidar ahora que hasta el fondo monetario internacional admite lo erróneo de estas políticas y la necesidad de alternativas, olvidar repito que fueron las organizaciones sindicales junto con ciudadanos organizados en torno a sus propias plataformas y procesos los que han sostenido el discurso de la solidaridad y la cohesión social.

Pero, no solo se trata de que la constatación con la realidad haya hecho evidente la escandalosa falta de rigor de las previsiones de los que apostaron por la tijera y la insoportable amoralidad de quienes pretenden usar a los seres humanos, a la mayoría de los seres humanos como material fungible al servicio de la prosperidad desmedida y ostentosa de una selecta minoría. No solo se ha demostrado que el bienestar de todos, incluso los mas ricos, tiene que ver con el bienestar de cada uno y que no se puede garantizar el de nadie sin garantizar el de todos, también se ha demostrado que la convivencia democrática, el principio consustancial a la misma, de que gobierna la mayoría, hace imposible la aplicación de políticas dirigidas contra la inmensa mayoría de la población sin deteriorar el marco de libertades, garantías y derechos que conforman el régimen democrático y que sirve de instrumentos legales para la defensa de los derechos y de los intereses de esa mayoría.

De esa manera los gestos autoritarios del gobierno griego, que ha llegado a prohibir el ejercicio de huelga o la reciente subida de tasas judiciales en España forman parte del mismo escenario, del que forma parte la enorme asimetría que existe entre el poder político en Europa y los canales de elección y de participación ciudadana en la configuración de ese poder político o el recorte de la autonomía de comunidades y ayuntamientos que se convierte en delegaciones del poder central frente a su tradicional papel de administraciones mas cercanas al ciudadano.

Democracia y reparto de la riqueza están íntimamente ligadas en el contexto de la Unión Europea y en la globalización de una economía basada en el consumo masivo que necesita trabajadores y consumidores con derechos y capacidades económicas. Los intentos de reducir los servicios públicos, las prestaciones sociales, los mecanismos de igualdad y reparto de la riqueza no son mas que el intento de transferir porciones significativas de renta, de riqueza, desde las manos de todos a las manos de unos pocos y no podrán hacerlo mientras existan poderes independientes, equilibrio de intereses, libertades para todos es decir mientras perviva la democracia.

Naturalmente agrupar este calidoscopio de razones y de retos vitales que tenemos por delante y elaborarlos hasta obtener una batería de propuestas alternativas encaminadas a superar la situación económica, pero también política surgida con crisis, no es una tarea sencilla pero si tuviésemos que resumir en una frase, en un slogan, el centro del discurso del adversario, esta frase estaría centrada en torna a la llamada política de austeridad y al déficit público.

En efecto, la política de austeridad se basó en la necesidad de gobernar un déficit público creada deliberada y artificialmente desde el plano ideológico como si hubiese una verdad científica que relacionase negativamente déficit y crecimiento, de forma que superando determinado nivel de déficit público las economías nacionales no podrían crecer y se verían abocadas a una especie de recesión permanente. Para elaborar la teoría sus creadores llegaron a ocultar casos concretos de países que incumplían el criterio y que habían crecido razonablemente manteniendo su déficit por encima del dintel determinado y paradójicamente habían corregido su déficit con la financiación obtenida del crecimiento de su economía.

Colgando de esos criterios las mayorías parlamentarias de todos los colores y de todos los países de Europa han abrazado junto a la Comisión un discurso de reducción del gasto público, que en la práctica volvemos a repetir supone la extracción de renta desde las clases sociales menos pudientes hacía las mas ricas y cuyos efectos sobre el consumo interno, el tejido productivo y sobre la base de conocimiento e investigación, la base de formación del capital humano solo se podrán medir a medio y largo plazo pero con seguridad serán irreversibles.

Somos mas pobres, pagamos mas impuestos, recibimos menos servicios, tenemos menos derechos, cobramos menos, descansamos menos, vivimos menos y además somo menos competitivos pese a que la balanza exterior se equilibre porque ya no importamos ni bienes ni servicios, ni maquinaria. Ese es un resumen innegable para la mayoría de los ciudadanos de Europa, al norte y al sur, al este y al oeste, una ola de pobreza, de sufrimiento social recorre el continente y lo que hasta hace una década era un futuro optimista de integración y progreso social se ha convertido en un proyecto burocrático y ajeno a los ciudadanos que parece existir para castigarlos.

Compartiendo una raíz común en el origen de la crisis, el estallido de la burbuja que se había generado en torno a la ingeniería financiera con la que unos pocos se hicieron muy ricos vendiendo literalmente humo, lo cierto es que ahí se acaban las similitudes entre las economías de la globalización. Algunos países y zonas económicas apostaron por políticas de corte keynesiano, estimulando la economía desde el sector público y en estos casos ni los efectos sociales y económicos de la crisis han sido tan devastadores ni las perspectivas de recuperación están tan lejanas como lo están en el marco de la Unión Europea donde se aplicó la llamada política de austeridad.

EE.UU., Japón, o las economías emergentes, no han vivido la crisis con la intensidad y el dramatismo europeo y desde hace más de un año han iniciado un proceso de recuperación que si no va mas rápido es por el efecto de lastre que sobre la economía mundial tiene la situación de Europa. Se puede afirmar que si bien una parte del problema es la situación del sistema financiero, otra parte considerable de los efectos y de la gravedad de la situación vienen determinadas por las políticas económicas aplicadas para afrontar la coyuntura.

En Canarias los efectos de esta política han sido simple y llanamente catastróficos, al igual que en las economías mas débiles y dependientes de la Unión. Nuestro modelo de crecimiento, basado en la construcción y la hostelería, vivía del endeudamiento de familias, empresas y administraciones auspiciada por las mismas autoridades que ahora demonizan la deuda y con ella al crédito y a la inversión.

Pobreza extrema, porcentajes de paro insoportables de media y vergonzosos en lo que se refiere a los jóvenes, las mujeres y las personas de mas de cuarenta y cinco años, deterioro de los servicios públicos, frenazo de la inversión pública y privada, reducción drástica del ahorro y el consumo privado, destrucción de tejido productivo se retroalimentan unos a otros en un circulo vicioso que es preciso romper a corto plazo.

La certeza de que otro año en la dirección de la austeridad, otro año de recortes y reducciones nos conducirá a una situación aún mas grave, mas dolorosa socialmente y de la que será aún mas difícil, la certeza de que lo sensato es pararse y no dar un solo paso mas en esa dirección es la base, la convicción única, primaria e imprescindible que se debe compartir para entender la necesidad de una amplia movilización social contra la política de austeridad.

Lo que no cabe, donde ya no queda margen de actuación es para el cómodo refugio que ha buscado el gobierno de Canarias que sostiene un discurso radicalmente contrario a las políticas de austeridad marcadas por el gobierno central pero a la vez realiza una política económica tan obsesionada con el cumplimiento de los objetivos de déficit que no repara en daño social y que hace de los servicios públicos una coartada cínica que mas se dice defender cuanto mas se hace para deteriorarlos. A la vez, el diálogo social, que se plantea una y otra vez como camino mas certero y provechoso, tanto para paliar los efectos mas dolorosos de la crisis como para preparar y acelerar la recuperación, se limita a un ejercicio de propaganda que nunca pasa de la foto y cuyas condiciones básicas, los recursos y la confianza, son permanentemente cuestionados desde el gobierno.

En los próximos presupuestos tendrá el gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sostiene la oportunidad de situarse en el lado de la trinchera que prefiera o que considere mas responsable, mas sensato. Tendrá la ocasión de reactivar el dialogo social y de generar una hoja de ruta acordada entre las partes, que reparta solidariamente las cargas de la crisis y que contribuya a la prosperidad económica y la cohesión social.
Si hace un presupuesto que sin renunciar a gobernar el déficit, se plantee como prioridades el dialogo social, las protección frente a la exclusión, los servicios público y la inversión productiva y por tanto establezca un objetivo de déficit, moderadamente mayor del previsto por el Consejo de Política Económica y Fiscal, es probable que la movilización social sea una movilización de respaldo a nuestras instituciones de autogobierno, a la defensa de la competencia de la comunidad autónoma para fijar sus criterios y prioridades.

Las organizaciones sindicales reiteramos nuestro convicción de que es posible otra política económica, y con esa intención presentaremos propuestas concretas en la línea de lo que hemos anunciado, propuestas encaminadas a extender paulatinamente la protección social mediante una renta mínima garantizada, a generar inversión productiva y a obtener nuevos ingresos fiscales con la aplicación de impuestos encaminados a repartir solidariamente los sacrificios que sean necesarios.

Si por el contrario, el gobierno hace lo que ha venido haciendo estos últimos años, el gobierno de Canarias y la mayoría parlamentaria que lo sustenta, se habrán convertido en parte del problema y la movilización social se encaminará en primer lugar, frente a los responsables de las decisiones políticas que deterioran los servicios y prestaciones públicas, la distancia entre ciudadanía e instituciones se seguirá incrementando y el año 2014 será un año duro y plagado de conflictividad social que nos acercará al peligroso limite en el que el deterioro de la legitimidad democrática y del sistema de convivencia que hemos conquistado sea irreversible.

Carmelo Jorge Delgado.

Secretario de Comunicación CCOO Canarias.