Estamos en el siglo XXI y más de 600 mujeres han sido asesinadas en el último decenio en el Estado español, por ser mujeres; 23 en el año 2015, 6 en el mes de julio.
Y, desgraciadamente, estos datos se refieren solo a la violencia contra las mujeres causada por sus parejas o exparejas. Por tanto, se trata de una aproximación restrictiva a esta realidad y son la punta del iceberg, que se manifiesta a través del maltrato físico y psíquico, y cuyo origen es el machismo presente en nuestra sociedad.
La violencia machista es un problema social y público, no una cuestión privada. La violencia machista es consecuencia de un sistema patriarcal que alimenta la apología del machismo.
Una realidad que, en casos tan crueles como el de Laura, angustia, lastima, y genera dolor social. Una realidad ante la que los gobiernos suman las muertes a las estadísticas, hacen el correspondiente minuto de silencio y emiten un comunicado de apoyo a la familia y de repulsa por la "muerte". Una realidad a la que pretenderán dar respuesta, en los próximos presupuestos educativos, sanitarios y sociales, con un conjunto de acciones puntuales y deslavazadas. Un profundo desgarro que se intentará curar, una vez más, con una tirita.
Es evidente el fracaso en la lucha contra la violencia de género. Se ha ido a las consecuencias (actualmente ni siquiera éstas se atienden) y eso implica no cuestionar el sistema sobre el que se sustenta su origen. Es necesario que se realice una rigurosa evaluación de los resultados de las políticas estatales, autonómicas y locales que se han implementado en relación con la lucha contra esta violencia.
La violencia sexista, que debería movilizar toda la capacidad de indignación social y todos los recursos del Estado, se perpetúa año tras año mostrando la falta de voluntad política, que se concreta en una insuficiencia presupuestaria, en la debilidad de las políticas de protección, así como en la inexistencia de verdaderas políticas de prevención.
La autonomía económica, personal y afectiva, la coeducación, la educación afectiva y sexual, la respuesta institucional y la implicación del conjunto de la sociedad, son factores clave para que las mujeres hagamos efectivo nuestro derecho a desarrollar nuestras vidas en libertad, dignidad e igualdad. Y, es evidente, que no han sido atendidos.
En este duro verano, hay una diferencia. Se acaban de celebrar elecciones municipales, a los Cabildos Insulares y al Parlamento canario; y en pocos meses, tendremos elecciones generales.
Toca derribar a los gobiernos que nos han conducido a la situación actual. Las mujeres estamos pagando los costes más inhumanos de la llamada crisis y poder recuperar un trabajo digno y unos servicios públicos que cubran nuestras necesidades es una cuestión prioritaria. Pero hay que ir más allá para que podamos vivir en igualdad. Es necesario cambiar el sistema y cambiar las mentes.
Hacen falta otros modelos de vida y de trabajo que no dañen a los seres humanos, que hagan sostenibles modelos basados en la felicidad y que no destruyan el planeta. Se trata de trabajar para vivir bien, para avanzar en la autonomía de las personas, en la igualdad y en la diversidad como riqueza, para contribuir al crecimiento personal, para ser libres.
Toca incorporar, de forma real, la perspectiva de género a los proyectos políticos, de elaborar propuestas destinadas a modificar las discriminaciones de género. Toca un cambio real, que recoja también la agenda de derechos humanos de las mujeres.
Y ello requiere que la visión del mundo feminista sea incorporada a cualquier actividad política. Requiere que las NECESIDADES HUMANAS estén en el centro de la ACCIÓN POLÍTICA de los gobiernos. Requiere RECURSOS y VOLUNTAD POLÍTICA.
Mary C. Bolaños Espinosa.
Colectivo Harimaguada
