La gente de la calle ha percibido que Mariano Rajoy no reusa el choque de trenes , respondiendo al desafío soberanista formulado el Martes pasado, con una respuesta inmediata, con contundencia al no descartar ninguno de los mecanismo legales, incluido el artículo 155 de la Constitución, y además incorporando a la cuestión el tan deseado calificativo de "cuestión de Estado", al margen de confrontaciones electorales, y por lo tanto involucrando a los partidos que con mayor o menor claridad incluyen la unidad de España en su ideario.
La opinión pública que naturalmente no tiene por qué entrar en disquisiciones jurídicas sobre la pertinencia, oportunidad, orden, alcance de los diferentes instrumentos de la Ley, así con mayúscula, que el Estado de derecho, el Gobierno legal y legítimamente establecido y en su nombre el presidente ponga en marcha, espera que tales procedimientos no se desvaloricen con los tópicos conocidos o reclamando diálogos, imposibles si no hay un mínimo de aceptación del marco constitucional y volver a entrar en el chalaneo y la blandenguería acostumbrada.
El desafío secesionista subió en radicalidad por la política de apaciguamiento de los gobiernos del PSOE y del PP a cambio de un puñado de votos y en algunos casos rozando la traición. Albert Rivera ha puesto el dedo en la llaga cuando ha propuesto excluir de los pactos de gobierno a los partidos que no reconocen la unidad de España. El mismo PSOE acumula dosis de ambigüedad, al menos en sus franquicias regionales.
Se extiende la opinión de que esta vez se va en serio para descabalgar, con las leyes en la mano, a los que se han subido a los lomos de un tigre de papel cuya fortaleza proviene del arrebato.
Hay que remontarse a comienzos de la Transición, de los Pactos de la Moncloa, las protesta contra el 23F, y más recientemente los acuerdos sobre terrorismo para encontrar algo parecido a lo que se está produciendo ahora, una especie de "pacto de Estado", no escrito, entre las fuerzas políticas de carácter constitucionalista para hacer frente a un golpe de secesión. De momento solo tiene garantías verbales y además se acompaña del compromiso de no implicar la cuestión en los debates electorales.
El conflicto secesionista requiere unidad de acción, el apoyo de las instituciones y un fuerte respaldo de la ciudadanía, incluyendo a los medios de comunicación.
Sería un tremendo error contaminar el proceso con planteamientos de oportunidades electorales.
Ganar la partida debe ser obra de todos
José Luis Poyal Costa.
Periodista, Historiador, Profesor Universitario.