Entre otras, la denuncia a la Fiscalía, también en diciembre, del entonces alcalde Cardona sobre los acontecimientos que estaban apareciendo en la prensa relativos a EMALSA. También la creación de un grupo de trabajo formado por técnicos municipales, autores del documento "Reflexiones y recomendaciones" sobre la política hidráulica municipal y las relaciones Emalsa/Ayuntamiento, que se entregó al Ayuntamiento en abril de 2013. Y la denuncia de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en octubre de 2013 contra 15 consejeros, ex-consejeros y directivos de los socios privados de EMALSA, que se valieron de su posición dominante en el Consejo de Administración y tuvieron una gestión desleal en la empresa, ocasionando perjuicio no solo al Ayuntamiento sino también a los ciudadanos, dado que EMALSA se financia a través del precio del agua.
El inicio de un expediente a EMALSA en diciembre de 2013 llevó a la intervención administrativa de la compañía por parte del Ayuntamiento en marzo de 2014, y a la creación de la figura del Interventor Municipal en la persona del Técnico, Rafael Bolívar. Entre junio de 2014 y septiembre de 2015, Rafael Bolívar emitió cinco informes con mucha información contrastada sobre la situación del saneamiento, depuración y redes de alcantarillado, así como de la gestión de EMALSA y SERCANARIAS (empresa propiedad al 50% de los socios privados de EMALSA, "Saur Internacional" y "Valoriza-Sacyr", a la que encargaron el saneamiento, depuración y mantenimiento de las redes de alcantarillado de nuestra ciudad).
En junio de 2015 llega un nuevo equipo de gobierno tripartito – PSOE, LPGC Puede y Nueva Canaria – al Ayuntamiento, y con él su declaración de intenciones con respecto a la prestación del Servicio de abastecimiento de aguas, recogida en página y media de su documento "Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria".
Este documento, entre otras cosas, dice: "Analizaremos y haremos públicos los resultados de las auditorías e informes ya realizados sobre EMALSA e incluso plantearemos, si se considera necesario, realizar una nueva auditoría...". En el siguiente párrafo señala: "Pondremos en marcha la elaboración de un informe técnico, jurídico y económico que plantee las bases y las repercusiones económicas... ante un escenario orientado a la remunicipalización del servicio de abastecimiento y gestión del agua, en caso de que se acredite lesión del interés general...".
Menos de un mes después de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno municipal, el alcalde acaba con la intervención en EMALSA, y tacha de farsa lo que se ha realizado por parte del Ayuntamiento en lo relativo a la Intervención Municipal. En septiembre de 2015, el alcalde Hidalgo descarta iniciar un procedimiento sancionador a EMALSA y anuncia que el Ayuntamiento pagará los 15 millones de euros bloqueados por la anterior corporación, al no justificar la empresa el gasto en saneamiento y depuración. En enero de 2016, la Junta de Gobierno municipal acuerda crear un "Comité Técnico Asesor" para el análisis y definición de las propuestas del documento de KPMG Abogados, S.L., (consultora contratada y pagada por EMALSA) denominado "Dossier de acuerdos y documentos para la adecuación de la situación de EMALSA".
Mientras tanto, EMALSA denuncia a Rafael Bolívar (ya cesado por el equipo de gobierno municipal como Interventor y como Jefe del Servicio de Aguas del Ayuntamiento) por falsedad en los informes que emitió como Interventor y por prevaricación. En junio de 2016, la Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 8 desestima el recurso de apelación de EMALSA, que ya había perdido el juicio antes.
En octubre de 2016, dos de los tres técnicos del Comité firman un informe de 71 páginas en el que se rechaza globalmente el dossier de KPMG Abogados, y lo tacha de ser un documento propio de los socios privados de EMALSA, cuya única prioridad es incrementar por varias vías los ingresos y, consecuentemente, sus propios beneficios.
Hace unos días, La Provincia publica dos reportajes en base a un informe pericial encargado por el juez que investiga a los 15 ejecutivos de EMALSA, donde se detecta un quebranto económico de al menos 13,1 millones de euros en los servicios que SERCANARIAS presta a EMALSA.
También dicen que, entre los incumplimientos que apuntaba Bolívar en sus informes, figuraba el cobro de 2 millones de euros anuales por el canon de gestión (management fee) que no está incluido en ningún contrato programa firmado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. Este pago está respaldado, únicamente, por un acuerdo del Consejo de Administración en 2008, que entonces presidía el alcalde Saavedra.
En el informe pericial se pone en duda que los accionistas privados hayan puesto a disposición de EMALSA todo su conocimiento a través del asesoramiento técnico, jurídico y de gestión por el que supuestamente cobran el fee.
¿Cómo es posible que con todo lo que se conoce de los incumplimientos de los socios privados de EMALSA, el Ayuntamiento no haya abierto un expediente sancionador? Después del "Acuerdo por la ciudadanía" y a la vista del informe del Comité Técnico Asesor, ¿qué actuaciones ha tenido el Ayuntamiento en defensa de sus intereses y los de los ciudadanos? ¿Hay alguna duda sobre la lesión del interés general? ¿Para cuándo la remunicipalización de EMALSA?
Eusebio Bautista Vizcaíno
Ex-concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.
