Ni resolverá los verdaderos problemas de la Educación ni le dará estabilidad al sistema.

Muchas personas hemos defendido la necesidad de un pacto por la Educación, sumando miradas, voluntades y compromisos para superar los déficits y los malos resultados de nuestro sistema educativo. Un pacto que impulsó el Gobierno de Zapatero en la pasada legislatura y que se vio truncado, fundamentalmente, por el rechazo del PP. Un pacto que también tuvo su expresión en las distintas comunidades autónomas y que se constituyó, además, como núcleo central de la propuesta programática del PSOE en los distintos territorios, también en Canarias.

Veto

Tras conocer la decisión del Gobierno de Canarias de rechazar a trámite parlamentario la ILP Por una Ley Canaria para la mejora de la Educación Pública, esa propuesta de pacto socialista parece haber quedado en papel mojado. Al vetar el debate y la participación ciudadana, al consejero de Educación se le han caído de las manos las bases programáticas sobre Educación de su propio partido. Parapetado en el Reglamento Parlamentario para evitar el debate de la ILP, muestra que carece de voluntad política para reconocer el compromiso activo de las asociaciones de padres y madres, del profesorado y de miles de ciudadanos y ciudadanas que han aportado constructivamente con el único propósito de mejorar la Educación.

Pero, curiosamente, conscientes del grave error cometido, aunque no lo quieran reconocer, esos mismos dirigentes socialistas se han ofrecido ahora como defensores en el Parlamento de lo que ellos mismos destrozaron, con una intención, nada convincente, de enmendar sus errores.

Ahora, y en un brusco cambio de actitud, el partido socialista se muestra dispuesto a respetar los contenidos de la ILP. Así nos lo trasladaron a la comisión promotora. Y con el ánimo de sortear los obstáculos reglamentarios que impidieron su trámite parlamentario nos proponen ser los defensores de la ILP en el Parlamento. Ya no como aportación ciudadana, sino como proposición de ley del grupo socialista canario.

Me pregunto qué leyes y reglamentos son aquellos que permiten dar voz a los partidos y, versando sobre lo mismo, se la prohíben a los ciudadanos y ciudadanas. Qué reglamento es ese que amordaza a las comunidades educativas por plantear –nos dicen- temas que afectan al presupuesto, cuando no se aplicó el mismo rasero en la admisión a trámites de otras ILP que, aclaro, defiendo totalmente.

Quienes interpretaron ese Reglamento, no caen en que el primer error lo comete el propio Parlamento al no concedernos plazo para corregir los obstáculos para su tramitación. ¿Es esta una cuestión reglamentaria o política?

Me he centrado en el PSOE y no en el otro socio de Gobierno por dos razones. Porque son los socialistas los que se encuentran al frente de la Consejería de Educación y porque, hasta ahora, era un partido que afirmaba defender la participación ciudadana en la vida política. Me consta que muchos/as militantes socialistas no comparten la decisión de su responsable en materia educativa y secretario general.

Reconozco que me dolió, y mucho, que, precisamente, una fuerza progresista vetara tanta ilusión y compromiso. No se me va de la memoria ni del corazón el esfuerzo de tantas madres y padres de las AMPAS explicando la ILP a la ciudadanía y reclamándole su apoyo. Cómo explicaban a la gente que Canarias merecía una Ley Educativa propia que nos permitiera mejorar. No puedo olvidar la respuesta de miles de ciudadanos que ponían en valor que, desde Canarias y sin tutelas externas, se pudieran trazar políticas educativas que den respuestas a las necesidades de nuestro alumnado, apostando por un marco legal propio, una Ley Canaria de Educación.

Colaboración

Con la actual Administración educativa siempre hemos mantenido una actitud de diálogo y colaboración. Críticos pero capaces de poner sobre la mesa lo mucho que nos une frente a lo poco que nos distancia. El propio PSOE es conocedor de la voluntad, expresada por los promotores de la ILP en la Comisión de Educación del Parlamento, de establecer mejoras teniendo en cuenta el contexto económico en el que estamos.

Por estas y otras razones, si en la decisión de no tramitar la ILP sobre Educación para su debate parlamentario hay una posición que no entiendo, es la mantenida por el consejero de Educación. Un consejero a quien solicito, como titular de la cartera educativa y como vicepresidente del Gobierno, que favorezca ese pacto por la educación. Rectificando y favoreciendo desde el Ejecutivo que la ILP pueda ser debatida en el Parlamento de Canarias. Para que gane la democracia. Para que gane la Educación canaria.

Alicia Reyes es integrante de la Promotora de la ILP y presidenta de la Federación de AMPAs Galdós.