Lamentablemente, en apenas unos días estas aseveraciones se han ido confirmando. Una semana después de su aprobación, el propio gobierno reconocía un aumento del precio del gas en un 8%. El presidente de la Comisión Nacional de la Energía -que aseguraba que la cuota de mercado del lobby es de un 93% y que el 90% de los consumidores contrata la electricidad con los monopolios regionales que disfrutan cuotas de mercado del orden de un 90%- confirmaba que "el precio de la electricidad va aumentar un 16% en los mercados mayoristas el próximo año, lo que va a significar un impacto del 8% sobre el recibo doméstico y aún mayor sobre lo que paga la industria". La patronal de la gran industria española Aege denunciaba que el nuevo aumento previsto para el 2013 en el recibo de la luz será la puntilla para el sector, que ve como el precio del megavatio sigue aumentando en España frente a bajadas considerables en países como Alemania, lo que les hace perder competitividad. El presidente de Unesa (la patronal de las eléctricas que engloba a las tres citadas anteriormente además de HC Energía y E. On) nos remachaba en La Gaceta lo que ya algunos de sus socios aventuraron en un primer momento: "el mercado es libre y funciona. El Gobierno puede estar vigilante, pero el mercado es como es y es quién decidirá si los impuestos a las eléctricas se trasladará a los recibos de sus clientes". Por supuesto que no se cortó un pelo para volver a pedir más reducciones de primas a las renovables y "profundizar en la liberalización del mercado". Es lo mismo que pedía El Mundo el pasado día 24 y lo que acaba de anunciar José Manuel Soria en el Congreso: la liberación total del sistema eléctrico que incluye la eliminación de la TUR, la revisión del bono social y más ajustes a las renovables.

Es la dura realidad de un país en manos de un auténtico grupo de poder energético que posibilitó José María Aznar a finales de los años noventa con la privatización de las eléctricas públicas españolas, a precio de saldo, como denunciaron algunos órganos de control. Casualmente, el expresidente después pasaría a ser empleado de una de las empresas resultantes de la privatización (Endesa). La escenificación más palmaria del poder de un trust sobre el Gobierno.

Pero nada de esto es casualidad. Y no sucede solo en España. Se trata de un proceso perfectamente diseñado por el neoliberalismo económico y político para minimizar el papel del Estado en la economía, someter el gobierno de lo público y controlar la energía mundial, una pieza fundamental y estratégica de poder. Pero si quieren saber más de esto y por qué está ocurriendo lo que ésta ocurriendo con la energía en este país y en el planeta, les recomiendo la lectura de un libro (Energía y poder. La lucha por el control de la electricidad en el mundo. Fondo de Cultura Económica) de la profesora e investigadora australiana Sharon Beder.

Les resumo su análisis. Frente a la firme decisión de los estados en el siglo XIX de planificar y controlar las infraestructuras desde un servicio eléctrico público estratégico o al empecinamiento posterior de Roosevelt por hacer frente al poder de las emergentes grandes empresas eléctricas que peleaban por hacerse con el control de la energía, a partir de las últimas décadas del siglo XX la estrategia ha sido otra. Tras un primer embate en la década de los ochenta, en los años noventa –con el neoliberalismo en pleno auge y con una estrategia consensuada entre el FMI, el Banco Mundial y la UE- la electricidad se liberalizó, se privatizó y se desreguló en todo el mundo, doblegándose a las fuerzas del mercado y provocando una transferencia masiva de propiedad y control de los activos de la electricidad desde las empresas públicas hacia las privadas.

Se adujeron razones de productividad, eficiencia y beneficios para los usuarios. Sin embargo, para Sharon Beder ningún país en el que se haya privatizado el sector eléctrico ha tenido los beneficios esperados. Por el contrario, se ha experimentado falta de inversión, incremento de tarifas y un servicio cada vez más ineficiente. "La privatización puede ser considerada una estafa perpetrada para despojar a la sociedad de su legítimo control sobre un servicio público esencial. Es un truco concebido y ejecutado por grupos de poder que buscan beneficiarse del control privado. En todos los países donde la electricidad se ha privatizado los precios se incrementan, se producen apagones, hay menos inversión en infraestructura de generación y se pierden miles de empleos". Todo lo contrario que los argumentos que se emplean para justificarla. No existen datos empíricos que demuestren que la iniciativa privada sea más eficiente y sí que su objetivo es conseguir el mismo servicio por menos dinero. Es más, en la mayoría de los casos disminuyen las reservas de capacidad de generación y reducen los mantenimientos con el consiguiente aumento de los apagones; se despide a un importante número de trabajadores; se desmotiva a sus empleados, antes servidores públicos; se empeora el servicio y se sacrifica la confiabilidad; los términos del suministro, la fiabilidad del abastecimiento, la accesibilidad y el precio quedan en manos de un cártel que solo busca dinero, poder social y político sobre gobiernos nacionales y locales; los compradores se convierten en cautivos de los vendedores; promueven la idea de que la competencia entre ellos mantendría bajos los precios, pero después actúan conjuntamente para elevarlos; se fuerzan interrupciones artificiales para obligar a que el precio ascienda incluso en momentos de menor demanda y se crea escasez artificial de suministro para imponer los precios; en vez de dinamizar la economía local, las empresas extranjeras se llevan sus ganancias al país de origen; pueden suspender su capacidad generadora produciendo un enorme quebranto al sistema económico y político; libres de obligaciones sociales hacen recaer los "riesgos morales" sobre los estados que siempre tienen que estar prestos a rescates apresurados en caso de pérdidas económicas de las empresas o malas gestiones que pongan en riesgo el suministro; compran aliados políticos y portavoces con credibilidad, a instituciones educativas, medios de comunicación, iglesias, clubes, etc; destinan frecuentes y generosas aportaciones financieras para los partidos políticos, así como ofertas de futuras oportunidades laborales para políticos y burócratas retirados; apuestan por el entramado seguro de los fósiles –en los últimos años en mayor medida por el gas- y atacan y desprecian a las renovables, ...En fin ¿no les suena esto de algo?.

Antonio Morales Méndez