Con este nuevo derecho, los ciudadanos podrán, al fin, recurrir de modo reglado a una asistencia que haga posible su muerte en condiciones dignas si sufren enfermedades graves, incurables, crónicas o invalidantes.
Se satisface, así, lo que desde hace décadas es una clara y sostenida demanda social, como reflejó una encuesta de Metroscopia de abril de 2019, en el que el 87% de la población se mostró favorable a la eutanasia.
Algunos sectores han expresado su temor a que la ley pueda propiciar una especie de pendiente resbaladiza que lleve a utilizar la eutanasia para deshacerse de ancianos y personas desvalidas. Son temores legítimos que nacen de la compasión y la empatía, pero no deben combatirse con inmovilismo, sino con controles eficaces, y la ley prevé mecanismos suficientes para garantizar que eso no ocurra. Incluso se contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso.
La nueva ley de eutanasia generará un encendido debate de tintes ideológicos. De eso no cabe duda. Pero si aislamos el ruido político, el nacimiento de este nuevo derecho, que como tal no obliga a nadie, nos dignifica como sociedad. Porque no podemos olvidar que la muerte es una parte de la vida: su final. Pero, a veces, el final se alarga de una manera insoportable para un ser humano.
¿Cuál es el límite de dolor que un enfermo crónico e incurable puede soportar antes de desear la muerte? ¿Quién es capaz de determinar este umbral si no la misma persona que lo sufre? Decía Séneca que hay que soportar el dolor hasta donde la razón pida, y no hasta donde exige la costumbre. Seamos razonables.

Christopher Rodríguez Rodríguez