CCOO y UGT hemos sido muy críticos desde un principio con la Ley 20/2021 que introdujo el sistema de concurso de méritos en el ámbito educativo y con el Real Decreto 270/2022 que establecía el baremo del concurso porque fijaba unos criterios nefastos para las comunidades autónomas al no tener en cuenta a las personas sino las plazas que se convocaban.

La decisión del sindicato CESM de convocar huelga en la sanidad canaria escasos días después de firmar un acuerdo en Mesa Sectorial, con el que garantizaban la totalidad de sus reivindicaciones, supone uno de los episodios más estrafalarios acaecidos en el sector en los últimos años.
La pregunta, entonces, surge inevitable: ¿qué se pretende lograr con una huelga cuyas exigencias ya estaban conseguidas antes de convocarse? Y la respuesta solo tiene una vertiente: algo que no está entre las reivindicaciones expresadas en sus comunicados públicos, sino que forma parte de una estrategia más sibilina. ¿De qué se trata?