Cuatro años de impunidad política, garantiza al partido en el poder hacer lo que le viene en gana, donde se incluye el incumplimiento de las promesas
electorales, al tiempo que deja mudos a los votantes hasta las siguientes elecciones. Así es la democracia española.

La Constitución española prevé la iniciativa popular en su artículo 87.3 y siguientes y en la ley reglamentaria (Ley Nº 3 Orgánica de 1984). Se
requiere en mínimo de 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos. Las firmas tienen que recogerse en un periodo de nueve meses. El proceso se inicia
mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados, que examina la documentación y se pronuncia en el plazo de 15
días sobre su admisibilidad. Sin embargo, cabe la posibilidad de que todo el esfuerzo sea nulo, al no ser aceptado por un partido que gobierne en
mayoría, como es el caso del PP, partido nacionalista español en su máximo exponente, que ya, sin contemplar otra posibilidad, ha anunciado que no
admitirá a trámite la Iniciativa Lagislativa Popular (ILP) que presenta la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) pretendiendo implantar la
"dación de pago", sustentada en 750.000 firmas de ciudadanos que pasarán a la ignorancia del gobierno de españa irremediablemente.

"La Cámara de Comercio de Tenerife muestra una profunda preocupación" mostraban los titulares de mediados de mes, mientras algunos incrédulos, como yo, nos sonreíamos al tiempo que nos recordábamos algunas caras de la propia Cámara, pensando, ¿se puede ser tan ignorante?.

Aunque los presupuestos del estado español dijeran originalmente que había una reducción del 8,84%, después de un crédito extraordinario, aprobado en el Consejo de Ministros del 7 de septiembre, la partida original se incrementa en 1.782 millones de euros. O sea, crece casi una tercera parte.

Más que estudiar a una persona, refiero ahora el estudio de una sociedad peculiar y nada cohesionada. Siendo esto último, esa evidente falta de cohesión, el elemento peculiar que antes señalaba y, sin lugar a dudas, un elemento más del síndrome del colonizado en el que no se ha profundizado, quizás por la complicación que conlleva.

La sordera crónica y crítica de Fomento y sus gestores de AENA, la que "no pone números de registro" en los sellos de los escritos que entran en la dirección del aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, la que ahora pretende eliminar un servicio de ambulancia que ha salvado innumerables vidas durante los dos últimos años, nos obliga a salir a la calle para intentar concienciar a la población de Tenerife del peligro que supone una MALA gestión aeroportuaria.