Ha pasado más de un año desde que la OMS declarase la covid-19 como una pandemia, y un año después, el maldito virus ya ha dejado 3.407.283 casos confirmados y 76.981 seres queridos fallecidos en nuestro país. El pasado 27 de diciembre comenzó, en España, las más importante y ambiciosa campaña de vacunación. Un hito sin precedentes en nuestra historia. A todas luces, una noticia positiva que nos da un halo de esperanza y sosiego ¿verdad?
Pues bien, llegados a este punto, nos encontramos con que el miedo a la vacunación es mayor que el miedo al propio virus. Lo que demuestra que algo no se está haciendo bien. El miedo a la vacuna de AstraZeneca, que ha provocado alarma social y cancelaciones de citas, está generando no solo un retraso en la campaña de vacunación que afecta a trabajadores en ERTE, empresarios y ciudadanos que no pueden hacer una vida normal, sino que fomenta y alimenta los argumentos de antivacunas y negacionistas que aprovechan la más mínima oportunidad para desinformar, generar alarma social y lanzar bulos en redes sociales.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de nuestro país. A falta de su aprobación final por el Senado, el texto consolida una ambiciosa batería de medidas, imprescindibles para avanzar en la necesaria descarbonización de nuestra economía, y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.
La norma está alineada con las políticas europeas y es una herramienta fundamental para la obtención de los fondos de reconstrucción europeos, que deben impulsar la transición verde de nuestro modelo productivo y económico. Sin duda, un paso histórico que no admitía más retrasos.

Casi 23 años después de la muerte de Ramón Sampedro, que durante su vida libró infructuosamente la batalla por el derecho a morir de forma legal, y tras dos intentos fallidos en 2018 y 2019, el proyecto de ley orgánica de regulación de la eutanasia ya es una realidad en nuestro país.
España se sitúa con esta legislación en la vanguardia de derechos en esta materia, junto con un reducido grupo de países, entre los que se encuentran Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda.

El concepto de participación ciudadana ocupa en nuestros días una posición muy destacada en el debate sobre el modo de entender y ejecutar las políticas públicas. Tras el nacimiento de movimientos sociales que reclaman un impulso a nuevas políticas, el adaptar las administraciones locales a las nuevas demandas ciudadanas, se ha convertido en todo un reto para los gobiernos locales.