La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno estatal contra la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias ha provocado un efecto perverso y contrario al fin perseguido por algunos empresarios turísticos de Gran Canaria, a los que parece que la más que imprescindible renovación de nuestra planta obsoleta les genera urticaria.

No cabe en el entendimiento de quienes nos dedicamos a la principal actividad económica de las Islas que para que el Tribunal Constitucional (TC) dilucide si dos apartados de un artículo de la citada Ley son o no constitucionales, el Gobierno Central solicite la suspensión cautelar de las únicas excepciones que contenía la Ley a la construcción de nueva planta, es decir, la de los establecimientos de 5 estrellas o superior.

Este año, al parecer y gracias al empeño de algunos, la primavera ha terminado mucho antes de lo que esperábamos en el sector turístico canario. Con las últimas medidas adoptadas por las diferentes administraciones que nos gobiernan, una sensación de escalofrío recorre las diferentes empresas turísticas que asisten expectantes a un futuro cada vez más incierto. Incluso los ánimos de los empresarios empiezan a quedarse helados a medida que van recibiendo golpe tras golpe en forma de decreto, ley o presupuesto.