En su más reciente actividad de propaganda, ya preelectoral, la Consejería de Sanidad no ha dudado en utilizar las estadísticas del último Barómetro Sanitario haciendo una demostración en consonancia con el título, "Cómo mentir con estadísticas", de un exitoso libro de Durrel Huff y es que existe el engaño y también el autoengaño estadístico. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que quizás haya sido esto lo que llevó a la consejería a sacar conclusiones que, por otro lado, no se corresponden con determinados datos que se pueden ver en el mencionado barómetro.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que por más que se empeñen nuestras "autoridades sanitarias" en actuar como bomberos que corren a apagar fuegos, en el auténtico colapso que sufren las urgencias hospitalarias en nuestro archipiélago, su responsabilidad es más que patente.
En primer lugar, la Consejería de Sanidad, tras los recortes de los últimos años, no ha resuelto la escasez de recursos materiales y humanos que se da en el ámbito de la Atención Primaria, impidiéndole jugar el decisivo papel para el que fue concebida, "actuar como gestora y coordinadora de casos y reguladora de flujos, así como de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria". No existen programas de cuidados en domicilio para pacientes crónicos y dependientes cuando la contratación de cuidadores y terapeutas profesionales, junto a una adecuada coordinación con Atención Especializada y con una Atención Sociosanitaria bien dotada de camas públicas, minimizaría la sobrecarga de urgencias en los hospitales. Su precariedad favorece que los enfermos acudan a las urgencias hospitalarias lo que además expresa el fracaso de la campaña del Servicio Canario de la Salud culpabilizándolos por "hacer mal uso de los servicios". También refleja la desastrosa implantación del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (PLUSCAN).

Ante la denuncia hecha pública por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, en rueda de prensa celebrada el pasado día 27 de diciembre de 2018, aparece una respuesta de la Consejería de Sanidad, en la página 14 del periódico El Día de 28 de diciembre, que sin dudas merece ser catalogada de inocentada propia de esa fecha.

Desde hace años la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) viene denunciando que la situación que padecíamos en la Sanidad de Canarias estaba creando un verdadero problema de Salud para la ciudadanía, el tiempo desgraciadamente nos ha dado la razón. Y no solo es que estemos a la cabeza de las Comunidades Autónomas (CCAA) en diversas patologías, es que en el último informe de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias es la región donde más aumentó la mortalidad, un 10.2% respecto al año anterior.

Sea una cosa u otra, no es de recibo en un Consejero de un Gobierno y no sabemos cual de las dos es peor.

Cuando usted públicamente en el Parlamento dice que no fue aceptado por nosotros su invitación para la Comisión de Listas de Espera usted miente o esta mal informado, le ruego revise los correos del día 14 de junio de 2018 a las 12.45 horas en respuesta a su invitación del día anterior a las 14.27 y vera que lo que usted ha asegurado públicamente es falso, en caso de que usted no los tenga gustosamente se los enviaremos.

En 2005 se diseñó la privatización del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Dr. Negrín. En medio de la boyante situación económica del momento, se argumentó que era más barato y rápido implementar el nuevo servicio "externalizándolo" y dejándolo en manos de una empresa privada. El resultado fue llamativo, desde entonces funciona en los sótanos del Dr. Negrín una unidad dirigida por Hospitales San Roque y pagada con dinero público.

Si alguien ha dudado del proteccionismo del Sr. Consejero hacia el sector sanitario privado, que ya temíamos desde el principio de su mandato, los hechos acontecidos últimamente han despejado toda duda.

Los sistemas sanitarios públicos se basan en una concepción que choca frontalmente con los mecanismos de mercado, se fundamentan en que las personas reciban la atención sanitaria según sus necesidades y aporten por la vía de los impuestos según sus posibilidades. Por tanto, si así se hiciera pocas posibilidades de "negocio" quedarían para las empresas privadas de provisión y aseguramiento sanitario, salvo que, como ocurre en Canarias, sea la propia Consejería de Sanidad la que deje servicios sin cubrir, de modo interesado en unos casos o por infravaloración en otros. Esto ocurre con los Servicios de Urgencias Pediátricas, las pruebas de detección precoz del cáncer y con la pobrísima dotación para Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.