Aunque se vienen notando algunas manifestaciones de mayor inversión en este nivel asistencial de la Sanidad Canaria, cabe decir que la misma además de ser insuficiente, ya que el porcentaje de gasto sanitario público destinado a la AP en los presupuestos para 2023 asciende a solo un 15,40% muy lejos del 25% recomendable, está muy deficientemente gestionada.
Se ha notado el aumento de la inversión en Atención Primaria en cuanto a equipos de atención domiciliaria, aunque limitada a casos puntuales, como también lo es la atención con personal específico a niños con problemas oncológicos. Por otro lado, en el marco de la concertación con empresas privadas del sector se da una inadecuación en la realización de pruebas, por mala gestión de las solicitudes, llegando a triplicarse pruebas, algunas no pedidas, como hacerse una colonoscopia en vez de una gastroscopia, o cambiando una ecografía por una resonancia con contraste en un centro privado... en suma, pruebas no indicadas o de indicación dudosa.

La continuidad de cuidados para pacientes crónicos, dependientes y personas con diversidad funcional, no puede estar en manos de empresas lucrativas privadas que buscan el máximo beneficio, a costa de la calidad de la atención prestada así como de las condiciones de trabajo de su personal.
Últimamente, hemos venido señalando desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) los problemas que afectan a las personas mayores con dependencia y situación de precariedad socioeconómica familiar que, sin alternativa a dónde dirigirse, les impide de hecho salir de nuestros hospitales viendo vulnerados sus derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social. La misma situación afecta a personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños y niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, así como a personas con enfermedad y sin hogar etc. en una situación de abandono y precariedad inadmisible para una sociedad civilizada.

En una Consejería de Sanidad de un Gobierno de Canarias, ambos de vergüenza.
La nueva Directora del SCS ha estado implicada en el "caso mascarillas", en el que desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ejercemos la acusación popular, ya que como Directora General de Programas Asistenciales realizó informes para justificar la compra de las mascarillas a RR7 United Limited SL.

La situación de la Sanidad y de la Salud en Canarias es consecuencia lógica de la nefasta gestión que desde hace más de 20 años hemos sufrido en el tratamiento de lo que en dichas cuestiones esenciales demanda nuestra comunidad. La situación actual, no es solo consecuencia de la pandemia de la Covid-19, ésta solo ha servido para agravarla y poner al descubierto todas sus miserias.
Parece que ha transcurrido un siglo desde que en Canarias se proclamó un Gobierno que se "vistió" de progresista, aquella esperanza que tuvo la ciudadanía y el personal sanitario en particular, pronto dio un giro de 180º al nombrar al actual director del SCS y de la noche a la mañana las luces se apagaron, las ilusiones se perdieron y LO PROGRESISTA SE TRANSFORMÓ EN REGRESISTA, aquellos que durante años habían deteriorado nuestro Sistema Sanitario volvían al "poder" con sus políticas de no hacer nada, solo lo que favorezca sus intereses y privatizar lo que se pueda.

Desde el punto de vista de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, por su pésima gestión sanitaria y de salud pública, además de por su continua falta a la verdad.
Centrándonos en los datos de la pandemia y por aquello que decía León Trotski de que "Hay que analizar la mentira para llegar a la verdad", debemos empezar por decir que estamos aun en pandemia, tratarla con frivolidad solo nos puede llevar a complicarla, no porque lo digamos nosotros, la OMS hace unas semanas advirtió ante las desescaladas que se estaban produciendo en varios países europeos, que la pandemia no estaba controlada y que no había que descartar nuevas olas así como nuevas variantes, lo que es lógico si consideramos que las nuevas variantes se originan en los países con bajo nivel tanto de vacunación como de servicios sanitarios y de salud pública, situación que no está solucionada, ni mucho menos.

Tras la presentación estatal y la expresada adhesión a esta campaña por parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (Salvemos la Atención Primaria » ADSPC (asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com)), toca ir articulando en nuestro archipiélago la concreción de la misma.
En Canarias tenemos sobrados motivos para reclamar la superación del actual declive de la Atención Primaria antes de que se hunda definitivamente. La Consejería de Sanidad no atiende debidamente a ese eslabón básico del sistema sanitario y de salud sin el que todo el sistema sanitario se vendrá abajo, arrastrado por las barreras a la accesibilidad, por la carencia de prestaciones, por las desinversiones, por la obsolescencia tecnológica, por las listas de espera y por la creciente desigualdad social.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), apoya, difunde y recaba el máximo de apoyos al Manifiesto "ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA INTENTAR SUPERAR LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA TRAS LA PANDEMIA COVID" que en el ámbito estatal se acaba de presentar públicamente el pasado jueves día 16 de septiembre, RUEDA DE PRENSA PRESENTACION SALVEMOS LA AP - FADSP , así como todo el proceso (Campaña "Salvemos la Atención Primaria") para generar el más amplio movimiento social que vaya en pos de sus objetivos.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de las pruebas presentadas y sin realizar ninguna diligencia, no ha admitido a trámite la querella, presentada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) el pasado 15 de enero de 2020, contra los responsables de la trama del negocio con los tratamientos de Oncología Radioterápica en la isla de Gran Canaria.

Las mutuas y servicios médicos de empresas privadas se ofrecen a vacunar y el Gobierno de Canarias lo acepta dejando que ocupen esta competencia de la Sanidad Pública, ignorando además a las muchas voluntarias y voluntarios pertenecientes al personal de enfermería de la Sanidad Pública que se han ofrecido para hacer dicha tarea de modo añadido a su trabajo habitual.
El Gobierno canario accede así al ofrecimiento, sin dudas interesado, de la patronal que sigue escalando peldaños, ahora a través de las CCAA, en su objetivo de la llamada "colaboración pública-privada" con los fondos europeos para la recuperación económica y del empleo que es lo que está detrás de la llamada iniciativa "Sumamos Salud y Economía" que apadrina la Fundación CEOE presidida por la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un "nuevo plan" para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman "autoconcertación" que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como "peonadas".