Tras el cese, en marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad Teresa Cruz Oval se inició la "restitución", por parte del Gobierno del "Pacto de las flores", de la administración pública sanitaria canaria a sus históricos "dueños", el empresariado del sector privado que tanto mediante CC, el PP o el PSOE, la ha controlado en su propio beneficio.
En septiembre de 2020, con la reincorporación de Conrado Domínguez a la Dirección del SCS, se culminó dicho proceso habiéndose reincorporado con él todo el equipo que ha "gestionado" la sanidad en las "décadas prodigiosas" de Coalición Canaria como protagonista principal. Incluida, por supuesto, Elizabeth Hernández la nueva Directora del Servicio Canario de Salud (SCS).
La vuelta de Conrado perseguía en primera instancia desbrozar el camino que el anterior Director del Servicio Canario de Salud, Alberto Pazos, no avalaba por estar lleno de las irregularidades, que ahora investiga la Justicia, detectadas respecto a determinados gastos en la gestión derivada de la pandemia que a su vez protagonizaba el propio Conrado Domínguez como muñidor del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias para la COVID 19. Se precisaba de alguien que, también desde la Dirección del SCS, se atreviera con todo, sin reparar en la honestidad y ética en la administración pública.
Ahora, con Elizabeth Hernández y otros cargos nombrados el mismo día que ella continúa el equipo del Consejero Baltar. Rita Tristancho, que estaba de coordinadora de Calidad e Innovación con Conrado Domínguez pasa a ocupar el cargo que anteriormente ostentaba Hernández en la Dirección de Programas. Otro dato revelador lo constituye que el cónyuge de Tristancho es el jefe de conciertos del SCS.
También es motivo de escándalo la permanencia del propio Conrado Domínguez en un puesto de responsabilidad dentro del SCS. A pesar de su destitución o cese como director, Domínguez habría pasado a coordinar Calidad e Innovación –el puesto anterior de Tristancho- en lo que sería una triangulación de los roles donde cambia el orden de los factores para obtener el mismo producto.
Asimismo, cabe apuntar la posibilidad de que, tal como indican algunas fuentes, se haya aprobado una indemnización a Conrado Domínguez superior a 50.000€, lo que sería "una tomadura de pelo a la ciudadanía", también conviene recordar que el 'caso mascarillas' es solo uno de los 23 que se están investigando por las presuntas irregularidades cometidas.
Mientras, el Consejero Blas Trujillo y todo el Gobierno de Canarias siguen bailando al son que les marca la patronal del sector sanitario privado, sin importarles el daño irreparable que están causando. ¿Sus señorías son tontos, tienen algo que ocultar o es que han perdido los papeles y están tan nerviosos que no saben por dónde salir?.
Para la ADSPC, no queda otra que solicitarles la dimisión y ante todo lo señalado, continuar sin desmayo la lucha por la Salud y la Sanidad Pública de Canarias. Incluyendo entre las medidas de Salud Pública la conquista de una democracia real ya en Canarias.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias