Canarias/ En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se recoge que las distintas administraciones públicas pueden negociar con su personal el abonar el 100% de sus retribuciones en la situación de incapacidad temporal, desapareciendo el castigo por estar enfermo, según Intersindical.

"Recordar que desde octubre de 2012 los empleados públicos vimos rebajado nuestro sueldo a la mitad durante los tres primeros días de baja por contingencia común. A partir del cuarto día de ausencia, la nómina se nos reduce un 25% hasta el vigésimo, que es cuando recuperamos nuestro salario completo. En su momento, el Gobierno de España justificó esa medida por la necesidad de conseguir un ahorro de algo más de 1.000 millones de euros, "en una etapa en la que el déficit público se encontraba disparado". Recordar también que durante ese periodo las prebendas, beneficios, retribuciones e indemnizaciones de los políticos, asesores y altos cargos no sufrió merma".

Santa Cruz de Tenerife/ Más de tres semanas después de producirse el incendio por el que hubo que evacuar el Servicio de Urgencias y varias unidades de Hospitalización de la Torre Norte del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, la Administración mantiene silencio, respecto al siniestro acontecido, hurtando a los Delegados de Prevención el derecho a la información recogido en el artículo 36 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales, así como los datos referidos a la supuesta implantación del Plan de Autoprotección y las deficiencias observadas así como informe de posibles mejoras, según informa Intersindical.

Canarias/ El alto elevado fraude empresarial hacia los trabajadores canarios, reconocido ahora implícitamente por el Gobierno canario y el Ejecutivo español, aconseja pasar a medidas más drásticas para acabar con esta lacra ya endémica en el País canario.

Para ello, Intersindical Canaria demanda de los poderes públicos que promueva denuncias ante la Fiscalía por delito social de la patronal hacia los trabajadores. Ello conlleva además de las sanciones económicas al empresario infractor, la imposición de penas de entre seis meses y seis años de prisión prevista en el actual Código Penal. Esta medida, tendría además un efecto globalmente ejemplarizante.