Si hace tan sólo diez años alguien me cuenta que la situación legislativa social pudiera ser la que tenemos hoy, no me lo hubiera creído y hasta le habría tratado de "loco".
Se le atribuye a Juan Luis Vives "La tiranía de la ignorancia es la más dura y lóbrega de las esclavitudes" y no hay frase que defina mejor la situación provocada por la refundación capitalista que han hecho delante de nuestros ojos sin la menor vergüenza, en el momento que se moría el anterior sistema de multi-mercado.

Sé que parece sólo una cuestión de fondo, pero es que si el fondo no carga la coherencia de un mensaje limpio, el fin se asemeja a un espejismo de diferentes interpretaciones.

El Gobierno de Canarias iniciará un proceso de participación ciudadana "con el fin de que los canarios aporten propuestas a la futura Ley de Transparencia de la Comunidad Autónoma" lo que además debería acabar en una reforma de la Administración.

El ajedrez es el juego más completo que existe; o eso creo. Yo, hasta le ponía nombre a cada Peón...

Así, como en todo ajedrez hay un Rey y una Reina, en Canarias también tenemos a un "pequeño" Rey; aunque podríamos tener una reina o, en el peor de los casos, tendríamos una "reinona". Y lo digo sin ánimo de ofender, como me consta que se decía en la época de Saavedra.

He oído decir de todo, de las personas que no tienen trabajo en Canarias. La crueldad de muchos de los que trabajan alcanza extremos en que llegan a afirmar que "no trabajan por que no quieren" o que "trabajan en el mercado negro" sin contrato.

Todos somos testigos de cómo el sector turístico ha aumentado repetidamente el número de visitantes, la ocupación hotelera, el número de vuelos, etc. al tiempo que el desempleo sigue creciendo en el archipiélago. El turismo puede ser un filón por moldear, para que de verdad deje beneficios en esta Tierra, pero nunca será el sustento del cien por cien de la población activa, por lo que diversificar y fortalecer la economía Canaria es un sueño que ni se vislumbra entre los actuales gestores políticos.

Hablamos de un lugar donde en el año 2006 se contabilizaban 2.017 suicidios, según datos del Instituto español de estadística. Un Estado donde, el mismo organismo, anuncia que a partir de entonces "se ha adoptado la decisión de suprimir los boletines del suicidio" de forma que hoy se esconde esta realidad social que merma la población más que los accidentes de tráfico, seguro que a raíz de la actual situación creada por la agresiva política financiera, que se paga con el efectivo de "los rescates" y las interminables deudas hipotecarias, que vienen a ser las apropiaciones inmobiliarias de los impagos. Y donde es evidente que se trata de esconder lo más posible los suicidios, para no tentar a que alguien busque responsabilidades.

¿Qué credibilidad pueden tener unas organizaciones sindicales que usan la Reforma Laboral para despedir a sus trabajadores, mientras se oponen a las regulaciones de empleo en empresas privadas? ¿Cómo podemos permitir los trabajadores que estas organizaciones se sigan erigiendo en representación de los trabajadores?

La noticia de la dimisión del Papa ha llenado portadas y hojas completas de la prensa. No hay pregunta que valga: España está muy lejos de no rendir pleitesía a la iglesia católica.
Si bien en su significado antiguo "laico" a lo que se le asocian raíces latinas y griegas, viene a significar aquel fiel que no es miembro del clero, pero que es creyente, es a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) cuando se redescubre el término y se define mejor una figura que cumple las obligaciones cristianas pero no "ejerce el apostolado" o lo que es lo mismo las funciones que conocemos de los clérigos. Por ello, en el derecho Canónico se alude a esta definición aclarando " entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan también clérigos; los demás se denominan laicos."

Cuatro años de impunidad política, garantiza al partido en el poder hacer lo que le viene en gana, donde se incluye el incumplimiento de las promesas
electorales, al tiempo que deja mudos a los votantes hasta las siguientes elecciones. Así es la democracia española.

La Constitución española prevé la iniciativa popular en su artículo 87.3 y siguientes y en la ley reglamentaria (Ley Nº 3 Orgánica de 1984). Se
requiere en mínimo de 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos. Las firmas tienen que recogerse en un periodo de nueve meses. El proceso se inicia
mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados, que examina la documentación y se pronuncia en el plazo de 15
días sobre su admisibilidad. Sin embargo, cabe la posibilidad de que todo el esfuerzo sea nulo, al no ser aceptado por un partido que gobierne en
mayoría, como es el caso del PP, partido nacionalista español en su máximo exponente, que ya, sin contemplar otra posibilidad, ha anunciado que no
admitirá a trámite la Iniciativa Lagislativa Popular (ILP) que presenta la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) pretendiendo implantar la
"dación de pago", sustentada en 750.000 firmas de ciudadanos que pasarán a la ignorancia del gobierno de españa irremediablemente.