Evidentemente, la salud humana depende de la salud del medio que habitamos. La explotación de los recursos naturales nos ha situado en un contexto de emergencia climática y ambiental que compromete nuestra salud y bienestar.
El modelo económico canario, cada vez más dependiente, más alejado de la soberanía alimentaria, energética, tecnológica, económica, etc., está agotado y no es sostenible ni ambientalmente, ni socialmente ni económicamente. Por todo ello, tampoco lo es desde el punto de vista de la Salud Pública, no evitándose que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que en el terreno sanitario se acumulen muchísimos problemas asistenciales.

Ante el 12 de abril, Día Internacional de la Atención Primaria, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) llamamos a la movilización ciudadana y profesional en defensa de la Atención Primaria.

Se debe potenciar la Atención Primaria, puesto que es la base de nuestro sistema sanitario. Hay que crear equipos multidisciplinares que traten la enfermedad y la forma de enfermar como un conjunto: potenciar los hábitos saludables, las actividades de prevención y la educación sanitaria a la población, todo ello mediante la necesaria intervención comunitaria. También hay que volver a insistir en la necesidad de potenciar la competencia pública del ejercicio terapéutico a cargo del Servicio Canario de la Salud y, en particular, de la Atención Primaria, incrementando en ella el número de profesionales Fisioterapeutas.

Los días 19 y 20 de diciembre tendrá lugar el último acto de la aprobación por el Parlamento de Canarias de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024.
El anunciado incremento de un 15,2% (576 millones más que en 2023 que proceden de fondos autonómicos, estatales y de la UE) en el presupuesto de Sanidad para 2024 debe acompañarse de un cambio en el modelo de gestión, que evite que los fondos públicos en vez de ser finalistas, es decir, con partidas destinadas a cubrir con la Sanidad Pública las necesidades específicas, continúen fluyendo hacia las cuentas corrientes de la sanidad privada, como ocurre con el sistema de conciertos y otras formas nefastas de gestión que impiden que la Sanidad Pública sea autosuficiente en recursos materiales y de personal.

Entre las CCAA con mayor porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados, Canarias, tras Cataluña, Madrid y Baleares destaca con un 7,3 %. Precisamente, es motivo de escándalo e indignación la concesión por el Gobierno de Canarias de la Medalla de Oro de Canarias en 2023 a los Hospitales San Roque, empresa privada que parasita a la Sanidad pública con la Oncología Radioterápica y la Medicina nuclear, ocupando incluso un amplio espacio del Hospital público Doctor Negrín.

La continuidad de cuidados para pacientes crónicos, dependientes y personas con diversidad funcional, no puede estar en manos de empresas lucrativas privadas que buscan el máximo beneficio, a costa de la calidad de la atención prestada así como de las condiciones de trabajo de su personal.
Últimamente, hemos venido señalando desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) los problemas que afectan a las personas mayores con dependencia y situación de precariedad socioeconómica familiar que, sin alternativa a dónde dirigirse, les impide de hecho salir de nuestros hospitales viendo vulnerados sus derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social. La misma situación afecta a personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños y niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, así como a personas con enfermedad y sin hogar etc. en una situación de abandono y precariedad inadmisible para una sociedad civilizada.

Desde el punto de vista de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, por su pésima gestión sanitaria y de salud pública, además de por su continua falta a la verdad.
Centrándonos en los datos de la pandemia y por aquello que decía León Trotski de que "Hay que analizar la mentira para llegar a la verdad", debemos empezar por decir que estamos aun en pandemia, tratarla con frivolidad solo nos puede llevar a complicarla, no porque lo digamos nosotros, la OMS hace unas semanas advirtió ante las desescaladas que se estaban produciendo en varios países europeos, que la pandemia no estaba controlada y que no había que descartar nuevas olas así como nuevas variantes, lo que es lógico si consideramos que las nuevas variantes se originan en los países con bajo nivel tanto de vacunación como de servicios sanitarios y de salud pública, situación que no está solucionada, ni mucho menos.

Un amplio conjunto de colectivos y organizaciones promueven una convocatoria estatal de la Coordinadora Anti privatizaciones de la Sanidad para que se deroguen las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90 de la LGS) y se rescate lo privatizado.
Como se recoge en el Manifiesto de los colectivos y organizaciones canarias participantes, el 9.3% del presupuesto público de Canarias para sanidad se destina a concertaciones con centros privados mientras padecemos un escaso desarrollo de los servicios sanitarios públicos, tanto en Atención Primaria, limitando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; como en la Atención Especializada donde la falta de recursos humanos y materiales condiciona el colapso de los Servicios de Urgencias y las insufribles Lista de Espera, factores que convierten al Servicio Canario de Salud en uno de los peores del Estado español.

Llama particularmente la atención el maltrato del que es objeto el Hospital Universitario de Canarias HUC.
Aunque se produce un incremento de 139 millones de euros hay que analizar si ese dinero está bien asignado y si por los antecedentes registrados va a estar bien gestionado. La mayoría de ese incremento irá a Atención Primaria y a Salud Pública que queda con una asignación de 35,5 millones, claramente insuficiente ya que aunque se sitúa por primera vez por encima del 1% (el 1,19%) está muy lejos del mínimo imprescindible que debe ser del 2,5% y con más razón en medio de una pandemia.

Hace un año, la Plataforma "Salvar al HUC" salía al paso de la preocupante situación del Hospital Universitario de Canarias (HUC) llamando a la realización de un esfuerzo especial por parte de la administración sanitaria, y al impulso movilizador conjunto de su personal y de la población atendida.

Porque un tercio de las listas de espera de toda Canarias tenían que ver de modo directo con la situación del HUC cuyo presupuesto es el más bajo de los 4 grandes hospitales de Canarias. Con un personal, sobrecargado con miles de horas extraordinarias, con falta de especialistas que llevó incluso al cierre de consultas. Con el mayor porcentaje de "deserción" hacia otros hospitales, públicos y privados, así como la proporción más elevada de personal a tiempo parcial haciendo "doblete" en el sector privado y además en la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería.

Como si de un espectáculo de transformismo se tratara hemos asistido, con el telón de fondo de nada más y nada menos que una pandemia con su cohorte de sufrimiento, al enésimo ajuste a conveniencia politiquera en la Consejería de Sanidad de Canarias. Según parece han cambiado a un director del Servicio Canario de Salud, Alberto Pazos, que según los medios de comunicación no avalaba las irregularidades detectadas respecto a determinados gastos en la gestión derivada de la pandemia por otro director, Conrado Domínguez, que se atreve con todo. En realidad Conrado ya estaba en camino de regresar del todo al ser integrado por el Gobierno "de las flores", el pasado mes de marzo, en el Comité para la emergencia sanitaria de la Covid-19. Por tanto, no es ajeno a la mencionada gestión de la pandemia. Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) lo señalado constituye un auténtico escándalo, en cuanto a los principios democráticos y ya veremos cuánto se tarda en demostrar si también lo es respecto a la honestidad y ética en la administración pública.