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08 May

La Medalla de Oro de Canarias a Hospitales San Roque es un insulto a la Sanidad Pública

Entre las CCAA con mayor porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados, Canarias, tras Cataluña, Madrid y Baleares destaca con un 7,3 %. Precisamente, es motivo de escándalo e indignación la concesión por el Gobierno de Canarias de la Medalla de Oro de Canarias en 2023 a los Hospitales San Roque, empresa privada que parasita a la Sanidad pública con la Oncología Radioterápica y la Medicina nuclear, ocupando incluso un amplio espacio del Hospital público Doctor Negrín.

Un hecho lamentable denunciado públicamente en los medios de comunicación fue el caso del Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Dr. Negrín que "compatibilizaba", durante años, dicho puesto con la misma labor, ¡Oh Casualidad!, como Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica San Roque a la cual se derivan, por el Concierto de la Radioterapia, los pacientes del Hospital Dr. Negrín.

Es muy escandaloso que dos personas que tuvieron alto nivel de responsabilidad en la creación y gestión del nuevo Servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica San Roque (José Mauel Baltar, su Director de Operaciones de entonces y Pedro Lara, Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Dr. Negrín) se ocuparan de enviar y autorizar los pacientes de Radioterapia que se conciertan con esa clínica, y que el coste de la concertación haya aumentado significativamente. En 2017 se desvió un total de 260 tratamientos a Clínicas San Roque, derivaciones que reportaron a este centro privado 1,6 millones de euros, sin que mediara concurso y con independencia de las necesidades del servicio y de las fluctuaciones de la lista de espera. También en 2017, durante los últimos seis meses del año, el grupo hospitalario de Baltar facturó por cirugía concertada al SCS 4,67 millones de euros, más del doble de lo que ganó en el mismo periodo de 2016 (2,17 millones), con Jesús Morera al frente del departamento sanitario.

Por otro lado en el Hospital Dr. Negrín, en el Servicio de Medicina Nuclear cuyo contrato de gestión privada con el grupo San Roque expiró en 2015, la Consejería de Sanidad lo prorroga mes a mes a pesar de que la reversión pública del citado servicio supondría el ahorro de casi 785.000 euros anuales. Es un peligroso precedente de un servicio asistencial de esa importancia dentro de un hospital público de Canarias "externalizado", al igual que servicios como los de limpieza, cocina, gestión de residuos, etc. En 2005 se diseñó la privatización del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Dr. Negrín. En medio de la boyante situación económica del momento, se argumentó que era más barato y rápido implementar el nuevo servicio "externalizándolo" y dejándolo en manos de una empresa privada. Desde entonces funciona en los sótanos del Dr. Negrín esta unidad dirigida por Hospitales San Roque y pagada con dinero público.

En el año 2015 finalizó el contrato, y sus prórrogas, por lo que desde esa fecha el servicio de Medicina Nuclear ha seguido gestionado por San Roque en una situación de alegalidad y con la connivencia del Gobierno de Canarias. En el año 2016, Jesús Morera, consejero de Sanidad en aquel momento, anunció la recuperación pública de la medicina nuclear del Dr. Negrín, cuestión que podía realizarse pues ya no había contrato vinculante, se contaba con los informes favorables sobre su viabilidad financiera y el apoyo de la dirección y del personal del propio Hospital. De ese momento data un informe que indicaba un ahorro de casi 785.000 euros anuales para el Servicio Canario de la Salud en caso de que la gestión pasara a manos del Hospital Dr. Negrín. No duró mucho la iniciativa, pues en diciembre de ese mismo año, Jesús Morera fue destituido y en su lugar nombrado Baltar como Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Como es sabido, Baltar era, hasta ese momento, director de operaciones del Grupo San Roque, principal perjudicado de la recuperación para lo público del servicio de Medicina Nuclear. Posteriormente, por encargo de la consejera Teresa Cruz Oval, un nuevo informe ratificaba la ventaja del carácter público de dicho servicio y su cese, apenas 8 meses después de asumir el cargo en el gobierno de Ángel Víctor Torres, ponía de manifiesto la orientación neoliberal de la gestión sanitaria del gobierno del llamado "Pacto de las Flores".

Tras estudiar los datos que la Consejería de Sanidad tuvo que proporcionar en base a la Ley 12/2014, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) pudo hacer público que lo fundamental y particularmente relevante, desde el punto de vista de la gestión política de la Consejería de Sanidad se puede resumir en que la misma ha arrimado el ascua a la sardina de los intereses del Grupo Hospitales San Roque.
Se denunció en su momento el incremento producido en el Gasto en Actividad Concertada en Gran Canaria entre el 2º semestre de 2016 y el correspondiente de 2017. En las derivaciones hechas desde el Hospital Dr. Negrín, el gasto pasó de 13.798.475,05 € a 14.869.211,28 €. Sin embargo la empresa de Baltar pasó de 1.871.650,71 € a 3.186.082,36 €, es decir un incremento superior al incremento global, un 123% del mismo, que se lo llevó la empresa San Roque a costa evidentemente del resto de entidades concertadas. En las derivaciones del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil, el gasto pasa de 12.520.906 € a 14.866.822,12 €. La antigua empresa de Baltar pasó de 3.157.846,08 € a 4.667.736,36 €, es decir el 64% del incremento. En el HG de Fuerteventura de los 11.159,06 € de incremento en la actividad concertada el 31,5% correspondió a San Roque constituyendo un dato excepcional, por su comedimiento, en relación a los mencionados respecto a los grandes hospitales de Gran Canaria. Se sabe que desde 2018 más del 50% de la concertación privada de la isla de Gran Canaria es con el citado grupo empresarial.
Con todos estos antecedentes, hacemos un llamamiento a rechazar la iniciativa de la concesión de la Medalla de Oro de Canarias 2023 a Hospitales San Roque, cosa que obedece al habitual sometimiento de las instituciones políticas canarias a los intereses de los poderes económicos empresariales. Ante ello, urge llamar a los sectores críticos de la sociedad canaria a reaccionar y poner freno al saqueo de dinero público, exigiendo:
1. Abrir auditorías en el Parlamento Autonómico para analizar la aplicación de las concesiones o conciertos y sus consecuencias para la Sanidad, la población y las arcas públicas.
2. Apertura de procesos de denuncia progresiva de las concesiones o conciertos y su reintegración al sistema público.
3. Sanciones ejemplares para los implicados en cualquier trama de corrupción, dada la trascendencia de ello para la salud de la población.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC)

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