Los últimos datos sobre la situación socioeconómica española son tremendos. Ponen los pelos de punta. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), son ya 5.778.100 las personas sin empleo en este país, lo que supone que uno de cada cuatro españoles activos se encuentra sin ocupación. En estos momentos, hay 1,7 millones de familias en las que no trabaja ni uno solo de sus miembros. Entre los meses de julio y septiembre 85.000 ciudadanos pasaron a engrosar las listas del paro y en los últimos doce meses la cifra se ha elevado a 800.000 (y eso que en enero de 2010 Mariano Rajoy se retrató a las puertas de una oficina del INEM afirmando que "cuando yo gobierne, bajará el paro"). La media de desempleados en el conjunto del Estado -a pesar de la reforma laboral que iba a crear empleo por todos lados- se eleva a un máximo histórico, superando el 25%. Por esta razón, 400.000 ciudadanos han tenido que emigrar en este año. En Canarias el desempleo se acerca al 34%, siendo la Comunidad con mayor porcentaje de parados de larga duración (54,1%).

Por lo que se ve, el Comité Nobel Noruego no ha estado demasiado fino en los últimos años al elegir a muchos de los galardonados con el Nobel de la Paz. A los nombres de Kissinger (casi nada el pacifista), Obama o Martti Ahtisaari se suma ahora, sorpresivamente, el de la Unión Europea.

Siendo alcalde de Santa Lucía Carmelo Ramírez Marrero, de Ingenio Juan José Espino del Toro y de Agüimes quien esto escribe, en una reunión realizada el 15 de febrero de 1990 se tomó la decisión de crear una mancomunidad de municipios con el objetivo de defender los intereses de la comarca geográfica a la que pertenecíamos. En ese mismo año, el 22 de octubre, se celebró un pleno conjunto de los tres ayuntamientos y se constituyó formalmente la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria.

El cambio climático y la economía de uso intensivo del carbono causan cinco millones de muertes cada año, 400.000 debidas al hambre y las enfermedades transmisibles agravadas por este elemento químico y 4,5 millones vinculadas a la economía del carbono y la contaminación atmosférica. Los efectos del cambio climático ya cuestan a la economía mundial el 1,6% de su PIB (1,2 billones de dólares al año); el rápido ascenso de las temperaturas y la contaminación relacionada con el carbono doblará los costes alcanzando el 3,2% del PIB mundial en 2030; las pérdidas para los países más pobres son ya enormes y se prevé que se llegue a un 11% del PIB de promedio; las principales economías mundiales se están viendo igualmente afectadas: en menos de 20 años, China soportará la mayor parte de las pérdidas, con más de 1,2 billones de dólares, la economía de Estados Unidos se frenará en un 2% y la de la India experimentará una recesión de más de un 5%; a principios de la década de los treinta de este siglo más de 130 países alcanzarán un factor de vulnerabilidad alto, frente a los 90 que lo sufren en la actualidad; los daños en la producción agrícola o las condiciones climáticas extremas multiplicarán las muertes por desnutrición, pobreza y enfermedades, con especial rigurosidad en los países pobres...

Comentaba la semana pasada (Energía y poder) cómo el último atraco a los ciudadanos, por parte de las eléctricas y del ministerio de Industria, no se iba a quedar solo en eso. Que no se trataba de un hecho aislado sino de una maniobra perfectamente calculada para seguir profundizando en la estrategia de liquidar el Estado a precio de saldo -liberalizándolo y privatizándolo todo- tal y como habían diseñado en los años ochenta el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y la propia Unión Europea, para dar cumplimiento al mandato del neoliberalismo emergente.

La semana pasada publiqué un artículo en este medio de comunicación ("Un nuevo calambrazo"), en el que narraba el proceso seguido hasta que el ministerio de Industria culminó y presentó una propuesta de reforma energética. Contaba como, al final, quienes han terminado llevándose el gato al agua son las grandes eléctricas que operan en este país (el lobby Iberdrola, Endesa y Gas Natural, fundamentalmente), que salen reforzadas ante las renovables y los consumidores que terminarán pagando los platos rotos en forma de recortes, asfixia económica y zancadillas las primeras y con una disminución de la calidad del servicio y aumento de las tarifas los segundos.

El festival de teatro de primavera-verano de las eléctricas y la energía ha terminado, como era presumible, en un tremendo fiasco y en un ataque frontal a las energías limpias y a los consumidores. Desde hace meses, no ha pasado un solo día en el que los medios de comunicación no se hicieran eco de los planteamientos del Gobierno y las eléctricas acerca de la necesidad imperiosa de acabar, a cualquier precio, con el déficit tarifario que se inventaron Rato y Aznar.

Luis María Anson es un resabiado periodista, vocero de la más rancia derecha española acomodada en el PP. Sus andares se han dirigido siempre hacia los predios más conservadores y la monarquía más retrógrada de súbditos, cortes y vasallajes. Director del ABC primero, fundador de La Razón después, ahora se deja ver por las páginas de El Mundo empeñado en una catecumenización neoliberal urbi et orbi.

Ha sido un verano intenso. Caliente. De temperaturas abrasadoras a la "sombra" de un cambio climático que se las trae al pairo a una gran mayoría social, económica y política.

El país está intervenido. El ultraliberalismo más brutal y antidemocrático se ha hecho con el control del Gobierno. Se ha consumado el hecho programado por el neoliberalismo, desde los años ochenta, de hacer hincar la rodilla a los poderes públicos y a la democracia a favor de un sistema económico insaciable. Pero el razonamiento irresponsable de muchos analistas, humoristas resabiados e izquierdistas resabidos (los peores según Ferrajoli), políticos cómplices, ciudadanos desinformados, prensa seguidista, etc, es que todo está sucediendo porque nos dio por vivir por encima de nuestras posibilidades y que, por lo tanto, sobran servicios públicos, derechos civiles y laborales, justicia social, políticos, funcionarios y administraciones públicas. Por lo visto no tienen nada que ver la burbuja inmobiliaria en la que nos encerraron sin escapatoria, ni la ingeniería financiera que diseñaron para meternos en una espiral de estafas y abusos sin control.