Empiezo con una fábula. Bernard Mandeville fue un filósofo, médico y economista anglo-holandés que influyó con su obra en el capitalismo y posterior neoliberalismo que hoy carcome al planeta y a sus habitantes. A principios del siglo XVIII publicó un largo poema (La fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen la prosperidad pública) que generó enormes controversias y que define la manera actual de entender la libertad sin límites para la especulación económica. Mandeville nos habla de una colmena de abejas "que vivían con lujo y comodidad (...) empeñadas por millones en satisfacerse mutuamente la lujuria y vanidad".

El 21 de enero de 2011, Mariano Rajoy tomó posesión como Presidente y el 22 lo hicieron los ministros miembros de su Gobierno. Acababan de ganar las elecciones por una amplia mayoría absoluta, asidos a los errores del PSOE -incapaz de hacer frente a los embates del capitalismo salvaje- y a las promesas de frenar el paro y el deterioro de la economía. Se trataba de una burda farsa: Mariano Rajoy y su gobierno eran plenamente conscientes de que Europa, el FMI y Alemania no habían hecho más que empezar con la demanda de ajustes y recortes y de que estaban llamados a ser ejecutores de una razia neoliberal contra la democracia, lo público, las pymes y los autónomos, las cajas, las capas más humildes de la sociedad y las clases medias... Y han sido unos alumnos verdaderamente aplicados en esta tarea de desmontaje de nuestro sistema de libertades y derechos.

El artículo que va a leer lo publiqué en este medio el 12 de septiembre de 2011, pero mantiene su plena vigencia. Ya se les veía venir. Ya avanzaban su voluntad de reducir los ayuntamientos a la mínima expresión. De acabar con las mancomunidades. En un goteo lento pero pertinaz van tomando medidas y alcanzando sus objetivos ideológicos estratégicos. Les dejo con el texto.

La cumbre del clima de Doha (Qatar) ha resultado un fiasco. Una decepción que se suma a la de las realizadas en Montreal, Bali, Copenhague, Cancún o Durban. Era de esperar. No auguraba nada bueno su celebración en uno de los países más contaminantes del mundo. A última hora se pudo conseguir prorrogar Kioto hasta el año 2020, pero en el camino se fueron descolgando Japón, Canadá y Rusia y ni se dejaron ver Estados Unidos y China, que emiten el 45% del CO2 mundial. En 1997, cuando se aprobó el primer tratado se sumaron el 45% de los países y ahora, en esta última cumbre, apenas se comprometen un 15% (la UE, Australia y una decena de pequeños países como Suiza y Noruega). Mientras el objetivo inicial era reducir en un 5,2% la generación de dióxido de carbono, lo cierto es que en la actualidad ha aumentado en un 2,6%. Detrás, como siempre, una cruenta batalla entre las grandes potencias económicas y los países emergentes que no quieren perder supremacía o pretenden luchar para alcanzar las mismas cotas de riqueza.

Si no sale en la tele.., no existe. Esta frase, atribuida a Al Gore, se repite incesantemente en distintos foros a la hora de valorar la transmisión de la información y su calado en la ciudadanía. Y parece tener razón la sentencia.

En un momento de la lucha encarnizada en contra del terrorismo de ETA, el Gobierno de Felipe González cayó en la tentación de coger atajos resbaladizos para bordear la Constitución y el ordenamiento jurídico y atacar, al margen de la ley, a la organización terrorista. La rabia y la impotencia ante tanta muerte sin sentido abrió en algunos círculos corrientes de simpatía hacia esa guerra subterránea en la que participaban políticos, los servicios secretos, la policía y la guardia civil. Afortunadamente, aunque en muchos casos se tuvo el impulso de justificar aquellas prácticas, funcionó la sensatez de la mayoría y el Estado de derecho y se puso fin a unos hechos que iban adquiriendo una deriva peligrosísima.

Setenta y tres años después de su creación, La Caja de Canarias, la entidad crediticia más cercana a los asuntos financieros y a los ahorros de las pymes y las familias isleñas, se volatizaba de la faz de la tierra el pasado martes 27 de noviembre.

La huelga general del pasado 14-N es la octava de la democracia española posfranquista. Siempre, recurrentemente, se ha producido alrededor de ellas un baile de cifras y de controversias sobre su éxito o fracaso. Los promotores y sus destinatarios han usado estratégicamente tácticas de calentamiento o enfriamiento antes de su celebración en todas las ocasiones. El día después se originan también diferencias en las valoraciones, aunque no han sido pocas las veces en las que sus resultados obligaron al gobierno de turno a desdecirse de sus planteamientos iniciales, como hizo Felipe González en 1988 con el plan de empleo juvenil.

En las últimas semanas, una suma de sucesos encadenados ha precipitado la escenificación urgente de la búsqueda de alternativas al grave problema de los desahucios en España, por parte de los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario. Los que siempre se negaron a plantar cara a los atropellos del sistema financiero, han tenido que reaccionar, cuatrocientos mil desahucios después, ante la solidaridad ciudadana que congrega cada vez a decenas de personas frente a las viviendas de las que pretenden echar a las familias; a causa de la profunda alarma social ligada a las noticias que nos hablan de suicidios por tener que abandonar su vivienda en Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Barcelona y Barakaldo; por la valiente acción de un grupo de jueces reunidos en Valencia denunciando los abusos del sistema español de desahucios y la posterior andanada de todos los decanos del país exigiendo una paralización cautelar de los desalojos y el cambio urgente de una ley que deja a los ciudadanos en absoluta indefensión y debido al informe de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE considerando que la regulación española de desahucios judiciales vulnera el derecho europeo sobre protección a los consumidores, porque no los ampara frente a las cláusulas abusivas.

El acoso a los trabajadores, a las clases medias, a las pymes, a los más débiles, sigue sin tocar fondo. Hace unos días, la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, hizo público que, dentro de un plan diseñado para luchar contra la economía sumergida, Hacienda va a proceder a enviar a agentes tributarios a los pequeños negocios de cercanías (restaurantes, cafeterías, tiendas, etc) para embargarles la caja del día si tienen deudas fiscales. Especificó, además, que las operaciones se realizarán en horario comercial y aún habiendo clientes en los locales.