El banquero Alfredo Sáenz era a principios de los años noventa el responsable de Banesto. Por esas fechas, presentó una denuncia contra los accionistas de Harry Walker, uno de los grandes grupos españoles de suministro industrial y automoción, cuyos responsables fueron condenados y encarcelados hasta que se demostró que la acusación se sostenía sobre hechos falsos inventados por Sáenz. Por este motivo, la Audiencia de Barcelona le condenó a tres meses de arresto, 400 euros de multa y, lo que es aún mas importante y definitorio, le inhabilitó para el ejercicio profesional, lo que fue ratificado por el Tribunal Supremo dos años más tarde. Pero Alfredo Sáenz nunca cumplió la condena y además pasó a ser consejero delegado del Banco de Santander.

Hace menos de un año el periodista de El País Fernando Garea se hacía eco de una frase atribuida a Javier Arenas sobre el ministro canario de Industria: "El problema de Soria es que, si sube en un ascensor, antes de llegar al tercer piso ya ha discutido con todos". Según el informador del diario de Prisa, en el PP se reconoce su falta de cintura política y su dificultad innata para llegar a acuerdos. El pasado día uno de abril John Müller hablaba en el Mundo sobre el "Vietnam" del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal: "Tras el fracaso de su jefe, el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien no consiguió resolver ni el problema del déficit de tarifa ni sentar las bases de un pacto energético, el Gobierno ha dejado en manos de este economista la tarea de resolver el puzzle". Por lo que le conocemos por estos lares, esos comentarios no parecen gratuitos. Aquí tenemos la experiencia de verlo enfrentado una y otra vez con periodistas, editores de periódicos, políticos de su propio partido o de otro signo, instituciones y lo que se le ponga por delante.

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante (....)
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos (...)
Gabriel Celaya

Las cifras no pueden ser más dolorosamente contundentes. Frente a unos ciudadanos desprotegidos hasta la náusea, el sistema bancario español no ha dejado de ser regado con cantidades ingentes de dinero público para evitarle las gravosas consecuencias de sus prácticas irresponsables y especulativas. Hasta este momento, y según la Autoridad Bancaria Europea, más de 225.000 millones de euros (el 48% corresponde a aportaciones directas del Estado) se han destinado desde el conjunto de la economía española al sector financiero. Se calcula que habrá que inyectar entre 15.000 y 35.000 millones más en los próximos meses. Si para ahí la cosa.

Una vez más los datos vuelven a hacer saltar las alarmas. El rechazo de los ciudadanos españoles y europeos a la política y a los políticos es cada vez mayor. El aumento de los partidos de extrema derecha con presencia en las instituciones, el auge de los movimientos neonazis y fascistas y la deriva populista del voto ciudadano en muchos países del Viejo Continente no cesan. He escrito varias veces sobre esto en los últimos años porque no puedo sustraerme a una situación que me desasosiega y me preocupa enormemente. Y es que llueve sobre mojado.

Se está poniendo de moda eso de llevar un anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros sin que nadie conozca el texto, sin que nadie sepa exactamente el contenido de la propuesta más allá de un esbozo mediatizado e interesado que traslada el ministro del ramo a la opinión pública. Sucedió hace unas semanas con la reforma de la Administración Local y acaba de pasar de nuevo, en el Consejo de Ministros del viernes, día 1 de marzo, con un proyecto que dice pretender la introducción de la competencia y reforzar la seguridad de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Hace treinta y cuatro años, en las postrimerías de la dictadura franquista, Agüimes era un municipio fuertemente deprimido. Décadas de polvo, viento, sol, emigración, inmigración y pobreza habían ido conformando una sociedad desestructurada, poco cohesionada y desarraigada en muchas zonas. Situado en el centro geográfico de una comarca a la que se conocía con el sobrenombre de "triángulo de la pobreza", sus carencias de servicios y equipamientos eran infinitas. La práctica totalidad de sus barrios no disponían de infraestructuras básicas. El ochenta por ciento de la población no tenía acceso a agua potable de abasto; la mayoría de las calles no estaban asfaltadas; la práctica totalidad de los núcleos de población no disfrutaban de alumbrado público ni domiciliario; no tenían redes de alcantarillado... Por supuesto que no se sabía lo que era una casa de la cultura, o un club de mayores, un club social, una cancha cubierta, colegios para todos, bibliotecas, centros de salud...

Perdonen la insistencia, pero tengo que volver a decirles que no van bien las cosas para la democracia. Mientras la generalidad de la ciudadanía no deja de empobrecerse y se ve abocada al sufrimiento, a la inseguridad, la desconfianza y el miedo, la crisis, las crisis, (política, económica e institucional), alentadas por la corrupción, la mentira y la incapacidad para resolver los problemas, no dejan de aumentar cada día generando una situación de repulsa y cabreo en la mayoría de la sociedad y un peligro de fractura social de dramáticas consecuencias. Y va cada vez a más. El último barómetro del CIS nos revela un rechazo frontal de los españoles hacia la política y los políticos. Hace unas semanas la Comisión Europea elaboró un informe interno en el que advierte del riesgo para la política española de los escándalos que se suceden unos tras otros, lo que podría llevar a los ciudadanos a una desconexión absoluta.

El Estado de bienestar se va al traste. Con la excusa de la crisis económica, las políticas de ajustes y recortes y la clara orientación ideológica neoliberal de desmantelar lo público –nido de derroches y de burocracia paralizante- el Estado social europeo está sufriendo un embate durísimo en los últimos años.

La espiral de corrupción estructural que corroe la democracia, que no deja de salpicarnos cada día con los casos que van apareciendo desde las entrañas de la monarquía, el Partido Popular, el mundo empresarial y otras entidades públicas o privadas, nos está dejando noqueados. Por eso la última decisión del Gobierno de atacar con saña a las renovables no ha tenido el eco mediático, la trascendencia pública y el cabreo ciudadano que un hecho de este alcance merece.