Del encuentro que mantuvo, el pasado 7 de marzo, el presidente estatal, Pedro Sánchez, con Mohamed VI; la única certeza existente, según el congresista de NC, es la claudicación del jefe del Ejecutivo español para entregar el Sáhara Occidental al país africano en contra de la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui.
Del resto, continuó Quevedo, incluidos asuntos de interés para Canarias como las aguas territoriales y las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, son todo cuestiones abiertas. "Lo mínimo que puede pedirse", demandó, es "conocer a fondo" las pretensiones del reino aluita y España, cuáles son los riesgos asociados y potenciales que puede haber de las actividades desarrolladas por Marruecos y qué es lo que hará la Administración de Sánchez para defender la posición del Archipiélago.
Tras expresar el respeto al derecho de cualquier Estado a actuar sobre su territorio, observó que, en una relación de buena vecindad cuando se producen un conjunto de actividades que pueden generar dificultades "serias" en el modelo económico y el futuro como en este caso ocurre con el Archipiélago, "lo mínimo" es "incluir esto" en las reuniones de alto nivel. En las mismas, la posición española tiene que asumir la preocupación de Canarias y ser "informados con claridad" para valorar los riesgos y prevenciones, en el caso de que sean necesarias, reprendió el diputado de NC.
Volvió a exigir la presencia de una representación de las Islas en los encuentros o grupos de trabajo a constituir en los temas clave. El portavoz de los canaristas progresistas criticó que se conozcan, a través de los medios de comunicación, los movimientos y afanes territoriales de Rabat y la existencia, antes de final de año, de la aplazada Reunión de Alto Nivel (ARN), prevista inicialmente para diciembre de 2020.
"Estamos viendo", después de reiniciarse las relaciones entre ambos países y la claudicación del Ejecutivo de Sánchez de los derechos del pueblo saharaui a pesar del rechazo de la práctica unanimidad del Congreso de los Diputados y de la sociedad canaria, unos movimientos unilaterales, que "nos reafirman" en la opinión de que el "chantaje no se resuelve pagando", denunció Pedro Quevedo.