Bien sabe él, o debería saber, que el actual retroceso económico en nuestra nación no se puede superar ni reorientar mientras seamos una posesión de España, ya que el problema no radica en las posibilidades de crecimiento del Archipiélago, sino en el caos y la debacle en que se ha metido la Metrópoli al desmantelar sus sectores productivos, para suplantarlos por la especulación inmobiliaria y el enriquecimiento rápido y desmedido, así como la dilapidación del erario público que han hecho, principalmente, la oligarquía financiera, política y empresarial, dispendio que está pagando Canarias y su pueblo, sin habérselo comido, bebido ni olido. De todos los cambalaches que se hacen en Canarias, la Metrópoli se lleva el 90٪ o más, de sus beneficios, además, como es natural de una colonia, pagando nuestro
archipiélago el gasto de la limpieza del fin del espectáculo.
«La necesidad de generar empleo de forma específica "para la población local" y el refuerzo del Régimen Económico y Fiscal de Canarias son puntos de importancia, según el Consejero». Me gustaría que la boñigarquía canaria definiera de una vez cuál es la población local, pues, aquí, todo foráneo que llega de España y de Europa se instala sin invitación alguna, y los de otras nacionalidades se convierten en canarios mediante un rápido bautizo burocrático, pasando, inmediatamente, a tener los mismos derechos que los originarios, nativos y descendientes. La necesidad de generar empleo no pasa exclusivamente por llamar a la inversión extranjera –y menos en condiciones coloniales– sino, como base fundamental, por desarrollar los sectores productivos acordes a nuestra singularidad y potencialidad, asunto del que ha hablado desde antaño el Gobierno de la Colonia, pero del que no han puesto en marcha ni un solo proyecto canario.
Esta boñigarquía, feudataria del colonialismo español, anda siempre a la caída de cualquier inversión de allende los mares, por ser negocios que les rentan grandes
estipendios en forma de comisiones y otros pagos en B, tanto a ella como a sus familias y amigos; además, los negocios de la empresas multinacionales no dejan en el tesoro canario la parte correspondiente del capital que genera en nuestras islas, ya que por ser colonia no contamos con un sistema tributario que obligue a las empresas, incluso españolas, a pagar el impuesto de sociedades y que éste revierta en el desarrollo de nuestra nación. Pero claro, negociar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias importa más que emprender una política de estructuración productiva y económica nacional, porque las partidas concedidas por mendicidad no van destinadas a crear una economía productiva, y de ellas se pueden desviar suculentas cantidades que van a para a las cuentas de los mafiosos que nos gobiernan.
También pone como pretexto, el consejero Ortiz, que Canarias no reduce la tasa de paro porque desde el 2007 la cantidad de foráneos europeos que se han incorporado al mercado laboral en las Islas ha sido una constante, mayor que en el Estado. Justificaciones y más justificaciones pero, por cobardía, ineptitud y vasallaje, no van a la raíz del problema.
Estos esbirros no han tenido el arrojo y la decencia de promover y luchar por una Ley Reguladora de la Residencia –como tantos le hemos reprochado, por ser una necesidad intrínseca, entendida nuestra limitación territorial–, siendo un contrasentido que el Consejero lloriquee una vez más porque el paro sube en Canarias debido a que miles de colonos arriban a las islas a competir por los empleos con los nativos... ¿y quién tiene la culpa? ¡Llevan ustedes gobernando treinta años! ¿Qué han hecho además de participar en los pelotazos inmobiliarios, de desaparecer el fondo de la RIC, de embolsillarse las ayudas del IFEM, de dilapidar el dinero público en el caso Tindaya...? ¿Además de estar metidos en corruptelas, qué han hecho los gobiernos de Canarias en sus diferentes legislaturas, que se pueda honrar de beneficioso para el pueblo originario del Archipiélago? Hasta con la vivienda pública le han dado prioridad a muchos foráneos antes que a los
nativos, y entre los nativos, prioridad al amiguismo y al nepotismo.
Habría que revisar caso por caso el asunto de las viviendas sociales en Canarias, a ver cuáles cumplen con la legalidad. La casta judicial, quien dice que el pueblo la confunde con el Consejo General del poder Judicial (gobierno de los jueces elegido por el parlamento) y que protesta –así lo manifestó en la radio una representante de Jueces para la Democracia– por la falta de medios para poder juzgar los grandes asuntos de corrupción política y empresarial, algo tendrá que ver en todo el embrollo... ¿no?: tampoco ha habido mucha voluntad por parte de los jueces y fiscales, y tantos que se han inhibido en los asuntos magnos, a saber por qué razón.
Podríamos hablar desde el caso Canódromo, al que el Tribunal de Justicia de Canarias quiere darle carpetazo a una sentencia que dicto el propio tribunal y tantos otros que no se atreven, no por falta de medios, sino porque son ustedes parte del sistema colonialista español en Canarias y, aunque se hagan llamar legal, están instalados en la colonia ilegítimamente. El pulso sí que no les tiembla para meter en la cárcel a enfermos, pobres y desamparados. En una colonia todo está podrido aunque lo establecido de apariencia de democracia y de legalidad. La monarquía, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial son pilares de una estructura extranjera –española–, impuesta en Canarias. Mas temprano que tarde tendrán que sacar sus rejos de nuestra patria.
Isidro Santana León
