A nadie se le esconde que los ciudadanos de La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife, Gran Canaria o cualquier otra isla no disponen de las carreteras o líneas ferroviarias que enlazan el espacio continental. Sobran, por tanto, las cláusulas presupuestarias que abren la puerta a la reducción de ayudas, y sobran también las demandas de supresión para la obligación de servicio público como la formulada por una compañía de bajo coste, que sí acierta, en cambio, al advertir del riesgo que conlleva la subida de las tasas aéreas.
Elevar los costes de los aeropuertos puede traducirse en una reducción de frecuencias y conexiones, tal y como curiosamente evidencian las empresas que abogan por la liberalización aérea en Canarias, pues ya se ha anunciado que se suspenderán enlaces y reducirá el número de vuelos en la Península por la subida de tasas defendida por el Gobierno central.
Está claro que cualquier paso atrás en la regulación del transporte es sumamente dañino, y en mayor medida para la economía canaria, dada su dependencia del turismo. No podemos olvidar que la conectividad aérea es fundamental para consolidar el sector turístico, que supone el 30 por ciento del PIB del Archipiélago y hasta el 50 por ciento en islas como Fuerteventura y Lanzarote.
Justa es, en consecuencia, la reclamación de las islas para el restablecimiento de las bonificaciones de las tasas aeroportuarias, y justas son también las obligaciones de servicio público y las bonificaciones al pasaje. La elevación de costes y los retrocesos en medidas compensatorias, supuestamente derivados de la dificultad económica, sólo llevan a un mayor aislamiento y una pérdida de competitividad.
Casimiro Curbelo.
Presidente del Cabildo de La Gomera
