Martes, 28 de Junio 2022 

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20 Ago

Jerónimo Saavedra se pasa por el arco del triunfo la Ley de Presupuestos que le obligaba a cerrar las inútiles delegaciones del Diputado del Común

No es que sus señorías vayan a intentar ahorrar nada con el cierre de las sedes insulares del Diputado del Común, que según la Ley donde tiene que estar es en La Palma y punto, porque si quisieran ahorrar por donde tendrían que empezar es por las dietas que cobran hasta por reunirse vía telemática desde el sillón de su propia casa. No, el asunto es que Jerónimo Saavedra se plantó en el echadero del cargo con la firme intención de vivir a lo grande, junto con su inseparable y tristemente fallecido Samuel Ramírez, hasta el punto que alguien debería aclarar si junto con su malogrado jefe de gabinete se dedicó a viajar no sólo por España sino por Europa a cuerpo de reyes con la absurda excusa de presentarse a otros defensores del pueblo, y para llevar a cabo esta gran orgía con dinero público al señor Saavedra le resultaban incómodos los cargos de adjuntos que ya se habían repartido en forma de pastel hasta el punto que hasta a Nueva Canarias le correspondía un carguito.

Y es por ese motivo, y no por ningún otro, por lo que el Parlamento de Canarias cometió el grave error de plantarle cara a Saavedra por medio de la quincuagésima octava disposición adicional de la más sagrada de las leyes que aprueba cada año, como es la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2013. Porque es que hay que ser totufo para pensar que a un tipo como Saavedra que viene de vuelta, que lo conoce todo de todos ellos y que lo que quiere es vivir como él cree que se merece y a costa de nuestros impuestos los días que le puedan quedar (que esperemos sean un montón) para lo que el puestito de Diputado del Común le venía del diez porque ya tenía su pequeño palacio en la Villa de Mazo y según se se dice (que es otro asunto que alguien debería aclarar pero ya sabemos que el Parlamento no se fiscaliza a sí mismo ni tiene control externo alguno) da lo mismo en la isla que se encuentre don Jerónimo en cada momento porque cobra dietas independientemente de dónde tenga sentadas las posaderas.

Porque es que a Jerónimo Saavedra le importa un carajo la Ley de Presupuestos, que es algo que a otro mortal le costaría un disgusto serio en cualquier sociedad civilizada, porque a estas alturas no va a admitir ni ese chantaje ni ninguno y ya les digo yo que no hay Mesa del Parlamento que tenga lo que hay que tener para meterle mano como sería su obligación. Antes del 30 de junio tenía que tener modificada la relación de puestos de trabajo para eliminar las oficinas que tiene fuera de La Palma y lo único que ha hecho es modificar las condiciones del puesto para su jefe de gabinete (al que hace un año sólo le pedía un triste año de experiencia) y que ahora ha de tener, no se lo pierdan, el título de licenciado en Derecho o Económicas y ¡un Máster en Protocolo y Relaciones externas! Claro que se han olvidado poner en los requisitos las cuatro últimas cifras del DNI del afortunad@.

Y en un contexto como nos encontramos, donde los maestros tienen que pedirle dinero en los colegios a los niños para hacer una tarjeta por el día de la madre porque no hay ni un céntimo para nada, hay que exigirle a don Jerónimo que se controle un poco y que dé cuenta a la sociedad canaria de cuánto nos han costado sus viajitos, cuanto nos está costando en dietas así como dónde y por qué las cobra y si es verdad o es mentira que ha tenido enchufada aquí y allá a su posible pareja sentimental como se cuenta por los mentideros. Vamos, que queremos saber -básicamente porque lo pagamos todos y no por ningún otro tipo de curiosidad- si en estos años se ha dedicado a mezclar sus asuntos de bragueta con algunos de los carguitos que ha tenido la oportunidad de repartir digitalmente. Y eso simplemente se aclara y punto: ¿es verdad o es mentira? Porque es que en lo otro, en lo de su labor como Diputado del Común, simplemente pasará a la historia como el político que llevó a esta institución al desprestigio más absoluto hasta el punto de que las quejas que presentan los ciudadanos ya tienen un coste de 1.800 euros cada una cuando el 95% de ellas se resuelven con dos escritos: uno para dar traslado a la administración competente y el otro para mandar al ciudadano al carajo porque los implicados no se molestan ni en contestar.


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