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18 Sep

9 propuestas urgentes para mejorar la situación de los menores en Canarias y la de sus familias

Tal cómo habíamos anunciado, miembros de los tres colectivos abajo indicados estuvimos hoy a las 12 horas en la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y con posterioridad a las 13 horas en el Parlamento, reunidos con miembros de la Comisión de Asuntos Sociales, en concreto con Flora Marrero y con Ignacio González.

Adjuntamos copia del escrito que presentamos en ambos sitios. A la espera de poder hablar con la señora Consejera. Desde la Comisión de Asuntos sociales fueron muy receptivos, hablamos largo rato y sus señorías manifestaron su voluntad de estudiar nuestras propuestas y de sacarlas adelante en el Parlamento, entre ellas la de crear la figura del Defensor del Menor de Canarias.

Nosotros insistimos en la urgencia de las propuestas, dada la gravedad de lo que está pasando, y en la necesidad de que se pase de las palabras a los hechos, recalcando que vamos a seguir con las acciones y las denuncias ante otras instituciones y organismos en tanto en cuanto la situación no cambie sustancialmente.

Finalmente fueron 9 las propuestas, que son estas:

I.- Que cualquier comunicación, comentario, información, advertencia o requerimiento que se deba hacer a una madre o familia precaria por cualquier asunto directa o indirectamente relacionado con sus hijos, se haga por escrito perfectamente motivado con acuse de recibo, sea la Administración que sea. Y que se prohíba especialmente cualquier alusión verbal a la pérdida de los menores o las comunicaciones por vía telefónica, que sólo crean ansiedad en lugar de ayudarlas, y que dan pie a que esta ansiedad y miedo lógicos en cualquier madre sea utilizado contra la familia en los informes aduciendo violencia o falta de serenidad (véase la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en la que se condenaba a España por quitarle una hija a su madre)[1].

II.- Que se dispense tratamiento médico y psicológico gratuito a cualquier familia o madre afectada por una declaración de riesgo, desde el instante en que se inicie el expediente con el primer trámite, al objeto de prevenir cualquier conducta suicida o de otra índole que pueda suponer un riesgo para la familia, para los niños o para cualquier otra parte.

III.- Que se acepten en los procedimientos de declaración de riesgo y desamparo los informes de los facultativos psicológicos y médicos de parte que puedan aportar las familias afectadas, y que los menores sean oídos y se facilite a las partes todas las declaraciones y deseos de los mismos (Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño), al objeto de hacer el proceso más ecuánime y justo, aminorando así el peso excesivo que a nuestro juicio tienen hoy los funcionarios de las Administraciones, que casi actúan como jueces a modo de verdugo siendo su palabra casi Ley.

IV.- Que las familias afectadas en expedientes de riesgo y desamparo puedan tener acceso a toda la documentación existente, como así garantizan las leyes, y no se agarren desde la Administración a la Ley de Protección de Datos para no informar o informar de manera sesgada, dado que las familias son parte directamente afectadas en el procedimiento.

V.- Que sea norma obligada en todos los expedientes relativos a menores el mantener un trato respetuoso y digno con las familias afectadas (biológicas y acogentes) por parte de los funcionarios y técnicos de las distintas administraciones, al objeto de crear un clima de cordialidad entre todas las partes, y no de hostilidad, dado que todos quieren lo mejor para los menores.

VI.- Cuando le sea retira la tutela a una familia, siempre que no sea por causa mayor (malos tratos, delincuencia, drogodependencias y otros asuntos de extrema gravedad) que se mantenga una asiduidad en las llamadas y las visitas y se asigne un centro o familia cercanos al domicilio de la familia de origen del menor, para no privar a los niños del contacto con su familia.

VII.- Que atendiendo a la repetida obligación de ayudar a las familias que afirman la L. O. de Protección Jurídica del Menor, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Atención Integral de los Menores de Canarias, se tramite de urgencia y sin excepción la cuantía máxima de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a toda familia canaria con menores a cargo que no esté cobrando ningún tipo de prestación o ayuda y así se mantenga hasta que su situación no cambie, para lo cual, lógicamente, el Gobierno de Canarias debería ampliar considerablemente la partida presupuestaria destinada a esta prestación, en la actualidad ridícula como bien hemos probado anteriormente. Esta ayuda que proponemos sería siempre de muchísimo menor cuantía que lo que actualmente cuesta a las arcas públicas al mes un menor que para a ser tutelado por la Administración.

VIII.- Que se cree la figura del Defensor del Menor de Canarias, como ya se aprobó en el Parlamento de Canarias con fecha 30 de noviembre de 2006.[2] Dicha figura para que sea efectiva deberá ser ejercida por un profesional de reconocido prestigio e independencia, ajeno a la Administración y sin ningún tipo de vinculación política, al objeto de poder fiscalizar con objetividad y exhaustividad todos los expedientes relativos a menores que se siguen en Canarias y denunciar por vías legales las irregularidades que se observen, ofreciendo así a las familias un organismo fiable y justo al que recurrir en caso de disconformidad con el proceso.

IX.- Que desde el Gobierno de Canarias se abra una investigación exhaustiva en la que se depuren todas las posibles responsabilidades de los que intervinieron en el expediente de riesgo que se seguía sobre Raquel Cabrera Vega y sus dos hijos. Expediente que dio como resultado que Raquel, de 24 años, falleciera el pasado 9 de agosto al arrojarse al vacío desde una décima planta en Las Palmas de Gran Canaria, incapaz de soportar la idea de que podría perder a sus hijos.

Un 17 de septiembre de 2013, en Santa Cruz de Tenerife

Asociación de Niños Peregrinos – DENIPER
Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo
Plataforma por la Dignidad

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