Estamos ante una ley sin justificación. No existe ningún análisis riguroso previo, que haya dado lugar a los debates que siempre preceden a este tipo de normas.
Es una reforma puramente ideológica y que no cuenta con más apoyo que el del Partido Popular. Todas las reformas educativas en la historia democrática de este país han contado siempre con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas que han formado parte del Parlamento. Se trata de educar exclusivamente bajo las concepciones ideológicas del Partido Popular.
Es una ley que mercantiliza, solo persigue orientar los objetivos del sistema educativo hacia las reglas del mercado liberal. Ya no hablemos de la promoción de mayores cotas de privatización del sistema educativo que contiene en muchos de sus preceptos.
Agudiza la segregación por clase social y etnia. Estimula la segregación curricular al obligar a los centros a especializarse y, por tanto, serán los centros los que elijan a los alumnos y no al contrario, como debería ser.
Es una norma clasista que ignora que las capacidades y destrezas humanas son resultado del contexto y de las condiciones en el que las personas vivimos. La ley expulsará del sistema a los alumnos de los grupos sociales con menos recursos.
Favorece a los colegios que segregan por sexo ignorando, incluso, jurisprudencia contraria del Tribunal Constitucional.
Esta norma desconfía del profesorado, de ahí la obsesión por las reválidas externas y, dotará a la Administración de poderes de control y decisión sobre las elecciones de las direcciones de los centros.
Podría seguir dando razones pero se hacen más que evidentes en la numerosísima acción social que está produciendo en el seno de la comunidad educativa.
La LOMCE es una ley anti educación que sólo trata de compensar los outputs (calificaciones de los alumnos) y los inputs (inversiones, recursos...) para hacer de la Educación un mercado competitivo en el que los alumnos y profesores no son más que factores de producción en los que jamás se revertirá la plusvalía de su esfuerzo.
Por último, recordarles a los miembros del Gobierno que la Educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Queda claro que la política educativa del Partido Popular hace trizas este derecho y rompe con los principios de igualdad en su acceso, desvirtuando lo establecido en la propia Constitución.
Iván Hernández González
Secretario de Educación JSC
Secretario General JSLP
