Cuando el avión aterrizó y nos preparábamos para bajar, subieron tres personas que, sin identificarse documentalmente, ordenaron al personal de la aerolínea que nos mandara a sentarnos nuevamente. Tomaron el control y fueron organizando el descenso ante la sorpresa de la mayoría y el gesto de rabia ("otra vez lo mismo") de unos pocos. Primero permitieron bajar a las personas con pasaporte marroquí y después, dentro del avión, una persona que, ante la insistencia de los viajeros que quedábamos dijo ser policía, nos pidió los pasaportes para comprobarlos, advirtiéndonos en inglés y francés que si no los entregábamos no podríamos entrar al país. "Sólo quedan doce, ¿no?", constataban con una cínica sonrisa. Bajaron del avión con nuestra documentación: "Cinq minutes, seulement", dijeron. Y así fue, el paripé no duró mucho. Regresaron rápidamente con los pasaportes y un señor, vestido con indumentaria tradicional, que se identificó como alcalde de la ciudad: "Vous êtes indésirables", "están del otro lado", "no pueden bajar". Se dio la vuelta y se marchó. No hubo oportunidad de protestas, preguntas o réplicas. La discrecionalidad, la vulneración de la legalidad, se mostraron sin disimulos. "No es la primera vez que ocurre", nos decía el comandante, ante nuestras quejas por haber permitido que subieran a la nave y que nos trataran de forma vejatoria.
No tardamos en despegar de nuevo, de vuelta a Gran Canaria. Uno de los pasajeros que viajó con nosotros de regreso, musitó disimuladamente en mi oído: "No les dejaron bajar, ¿no? Esto debería salir en prensa. Ocurre a menudo y nadie se entera". Quizá por eso estoy escribiendo este relato. O por la emoción de Yasmina, una compañera de Fuerteventura que se había unido a nuestro grupo, cuando me contaba: "Valió la pena sólo por la mano en el hombro de una mujer saharaui. Gracias hermana -me dijo para darnos ánimos cuando le permitieron bajar del avión en El Aaiún".
Ya en casa, arrullada por las voces de mis hijos, imagino cómo será el encuentro al que no pudimos llegar. Bajo una jaima, muchas sillas vacías, con las imágenes de canarias, vascas, francesas, noruegas, tunecinas, tantas mujeres a las que el gobierno marroquí cerró el paso a una ciudad sitiada, El Aaiún. No pudimos debatir la ponencia sobre el papel de las mujeres saharauis en su proceso de liberación nacional, ni votar las resoluciones reclamando medidas de supervisión efectivas para favorecer el respeto y el diálogo por parte de Naciones Unidas. No nos permitieron tomar el té con las familias que tienen a sus hijos en la cárcel, dar una palabra de ánimo a algunas de las cientos de personas heridas por la policía marroquí a lo largo de esta semana en que la misión de la ONU revisa su labor en la zona –¡qué paradoja!- y recoger testimonios que proyecten luz sobre la represión y los abusos. No estamos allí, pero hemos traído a las portadas de los medios canarios el eco de sus voces y confiamos en que el gobierno español reaccione, exprese su queja y no siga siendo cómplice del expolio de las riquezas naturales del territorio saharaui y de la vulneración de los derechos humanos de sus gentes.

Celia Darias Gutiérrez.

Militante del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos y miembro de la Coordinadora Insular de Sí se puede.