Por lo tanto, está claro que a los habitantes de Canarias nos da lo mismo que esas aguas sean internacionales o españolas. De ninguna de esas maneras podremos decidir cómo se gestiona ese territorio, porque para eso tendríamos que ser un estado libre, no como ahora.
Sin embargo, en España han oído y admitido las reivindicaciones independentistas del archipiélago. No se han parado a valorar como se apreciará en Canarias su acción, pero no dejan pasar un instante para poner en marcha este nuevo intento de acaparar y crecer en los mapas, con el beneplácito de Naciones Unidas. El hecho no deja de pasar por admitir que la reclamación independentista de aguas territoriales tiene todo el fundamento legal y la lógica de un Pueblo que aspira a emanciparse, como los demás.
Lo gracioso es que a esa gente de España le cuesta admitir la legalidad, hasta cuando son ellos los que la dictan. Como ejemplo miren la respuesta a la amenaza de denuncia sobre el tema de las prospecciones. Consideran "patético" acudir a la justicia, e "injusto" que los funcionarios que han declarado en contra de las prospecciones en Levante y Baleares, y a favor en Canarias, tengan que rendir cuentas. Eso se llama "doble rasero".
El mismo ministro de Industria ya ha dicho que España no se hará cargo su la población de Lanzarote y Fuerteventura si no pudiera hacer uso del agua de desalación, que actualmente es el 100 por 100 del agua de consumo en estas islas.
O sea que, mientras se mantenga el estatus actual de Canarias, mientras administrativamente sigamos perteneciendo a España, dará lo mismo que tengamos un 35% de paro o que nos bañemos con Fanta: eso no significa que, por otro lado "España vaya bien".
Pedro M. González Cánovas
Miembro de Alternativa Nacionalista Canaria (ANC)
