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13 Abr

Pequeña reflexión sobre la paraadministración en Canarias

Los que nos dedicamos al empleo público asistimos de unos años a esta parte a la proliferación en los centros de trabajo de empleados pertenecientes a empresas privadas bien sea en tareas de mantenimiento,bien de limpieza, etc. No tengo nada en contra de estos trabajadores cuya dignidad es muy respetable. Lo que pretendo es criticar la costumbre instalada en la Administración de recurrir a empresas para servicios que siempre han sido prestados por empleados públicos; es decir, si antes había una lista de reserva de personal de limpieza para posibles eventualidades, ahora lo que vemos en muchos organismos es que se acude a empresas privadas, con las que existen acuerdos, y se dota del personal correspondiente. En determinadas ocasiones se recurre a las empresas de manera innecesaria.

Estas circunstancias nos inducen a preguntarnos por las razones que llevan al sector público a diferir actividades que le son propias al sector privado. La respuesta que nos solemos encontrar se basa en la teoría de que determinadas organizaciones privadas son más eficaces(prestan servicios de mayor calidad) y más eficientes(económicas) que las organizaciones públicas. De todos modos, para que la llamada paraadministración preste servicios de mejor calidad y con menores costes dependerá siempre del nivel de control que ejerza la Administración Pública sobre este sector, ya que sin dicho control no habrá garantías de calidad y las supuestas ventajas económicas se pueden venir abajo. Esto se percibe en muchos centros públicos en que hay más trabajadores del ente privado de los que hacen falta y, además, se encuentran frecuentemente desorientados al carecer de instrucciones precisas.

Los años de crisis económica y de congelación de ofertas de empleo público han hecho que las empresas privadas prestadoras de servicios públicos se hagan ver en los centros administrativos. La crisis, pues, ha sido un pretexto para que las distintas administraciones recurran con frecuencia a la externalización de servicios públicos, que muchas veces se lleva a cabo sin orden ni concierto y lo que provoca es el efecto contrario al deseado, es decir, un deterioro en la calidad del servicio y mayor coste del que se estimaba.

Sería conveniente, pues, que se dispusiera de listas de reserva y ofertas de empleo público para hacer frente a las necesidades de los centros administrativos e ir prescindiendo de la costumbre de externalizar o privatizar servicios y, así, evitar el caos que llega a generarse en la organización o planificación de determinadas tareas.

Jesús Manuel Díaz Lorente

Empleado público y delegado sindical de CSI.F

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