Lo más grave de los ocho millones de euros, de dinero 100% público, que se gastaron en mejorar la imagen del Polígono Industrial Valle de Güímar hace ahora dos años no es el hecho, impresionante eso sí, de que hayan dejado nuevamente abandonar el ajardinado después de semejante millonada en replantar con centenares o miles de plantas mayoritariamente hoy en día muertas ya, como no podía ser de otra manera. Lo verdaderamente terrible, a nuestro modo de ver, es que una obra que fundamentalmente consistía en comerse un trozo de jardín para hacer una acera que permitiera el uso del polígono como lugar de esparcimiento también, condición necesaria para que los ayuntamientos respectivos se hicieran cargo de la urbanización, no cumpla con la normativa de Canarias referente a la accesibilidad y que se basa en una Ley del año 1995 que desarrolló un reglamento en vigor desde el año 1997, siendo el Cabildo uno de los principales impulsores del proyecto y que un día sí y otro también anda tirándose fotos por ahí con personas de movilidad reducida a las que yo personalmente he visto en verdaderos apuros en ese polígono. Eso es ilegal pero, además, tratándose de una obra pública reciente de semejante presupuesto (que alguien debería investigar porque téngase en cuenta que el presupuesto completo del nuevo polígono tecnológico de Cuevas Blancas es de 15 millones cuando incluye todo) constituye una auténtica inmoralidad.