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19 Oct

Resulta evidente el hecho de que gobiernos de determinadas comunidades autónomas de España hagan de la capa un sayo, es decir, hagan lo que les dé la real gana conculcando derechos de los ciudadanos y haciendo caso omiso de sentencias de tribunales.

Puesto que vivimos en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática, respaldados en la Carta Magna, no se deberían tolerar ciertas deslealtades, atropellos y desobediencias revestidos con tono amenazante y chantajista muchas veces.

El Estado de Derecho ha de imponerse ante los numerosos y reiterados ataques al mismo. La Constitución es una herramienta muy valiosa para conseguirlo. Se trata de aplicar la Ley contra ciertos abusos que pretenden erosionar una sociedad democrática como es la nuestra y con la que nos identificamos afortunadamente la mayoría. De otra manera, la democracia española será algo teórico, virtual y hasta demagógico.

Después de la dictadura franquista, fue complicado hilvanar todas las hebras del Estado de Derecho, pero se consiguió con un pilar que pretenden algunos pisotear y, de hecho, lo pisotean: la Constitución de 1978. Dicha Constitución, que fue respaldada mayoritariamente, ofrece herramientas legales para impedir ciertos excesos y para preservar los derechos de los españoles.

Hemos asistido en los últimos meses a una serie de acontecimientos, como los vividos en Cataluña, que han conseguido fragmentar alarmantemente la sociedad. Pero a esta situación no se ha llegado casualmente, ya que a lo largo de muchos años se ha consentido que muchos catalanes se vean discriminados en su propia tierra por razones lingüísticas a la hora de formarse en colegios, institutos y universidades que pagamos todos,a la hora de utilizar unos libros de texto con una supervisión, a la hora de rotular sus propios comercios, a la hora de leer paneles o carteles informativos. Además, se ha hecho la vista gorda cuando no se han cumplido sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo.

La mayor parte de los españoles nos sentimos desamparados ante la situación anterior y ante otras como pitadas al himno nacional, ataques a la bandera, burla, menosprecio e insultos a todas las instituciones, actitudes que no tienen cabida en ningún Estado que presuma de domocrático y con una Carta Magna como la nuestra, que no ha de ser nunca un puro objeto retórico y decorativo.

Los más pesimistas dirán que es tarde, pero, como "nunca es tarde si la dicha es buena", háganse valer el Estado de Derecho y la Constitución, si se quiere que la sociedad española sea democrática y no una sociedad tribal a la deriva.

Jesús Manuel Díaz Lorente

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