También le echó una mano (vamos, algo más que una mano) cuando, a finales de julio, aprobó destinar casi el 50% de los remanentes de tesorería del año 2015, a pagar a Emalsa los 15 millones de euros correspondientes a los servicios citados en el párrafo anterior. ¡No hay nada como tener amigos!
A pesar de estos hechos, sigo diciendo que no soplan vientos favorables a Emalsa. Hace unos días hemos conocido que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha admitido a trámite una denuncia, presentada en enero por Cardona – anterior alcalde y actual portavoz del PP – contra Augusto Hidalgo y la Junta de Gobierno municipal. En ella la fiscalía, después de haber practicado diligencias de investigación, "deduce la posible existencia de un delito de administración desleal" y, por lo tanto, se une a la denuncia de Cardona.
En esa denuncia de enero, así como en dos escritos posteriores, Cardona desmonta con todo tipo de detalles algunas de las teorías del alcalde Hidalgo, en especial la relativa al informe de KPMG. Todo ello relativo siempre al "caso Emalsa". El Fiscal Jefe informa que las Diligencias de Investigación (consecuencia de la anterior denuncia) se envían al Juzgado de Instrucción nº6, en el que están las Diligencias Previas consecuencia de la denuncia de la fiscalía provincial en octubre de 2013. En dichas Diligencias se imputa a quince directivos de Emalsa – en representación de los socios privados – por supuestos delitos societarios.
Nos encontramos con que, hasta el momento, los imputados por la fiscalía eran los directivos de Emalsa en representación del capital privado (el 66%) pero ahora, con la aceptación de la denuncia de Cardona y su asunción por parte de la fiscalía, también podrían estar implicados por administración desleal el alcalde Augusto Hidalgo, Javier Doreste, Pedro Quevedo y Roberto Santana, actual concejal de aguas, todos ellos consejeros de Emalsa en representación del 34% del capital, propiedad del Ayuntamiento.
Otra señal de cómo le sopla el viento a Emalsa es la que se conoció el pasado julio sobre la no admisión a trámite de la denuncia presentada por la empresa contra Rafael Bolívar. Cuando Emalsa recurrió la sentencia, la fiscalía provincial informó de que no existía la más mínima justificación para admitir el recurso, ya que la falsedad alegada solo se apoya en valoraciones de la propia Emalsa.
En estos días, La Provincia ha publicado la existencia de una asociación denominada "El sol sale para todos" que tiene como objetivo "velar por la transparencia en la gestión pública de los servicios básicos y analizar si las adjudicatarias cumplen los contratos". Esta asociación privada y sin ánimo de lucro ha solicitado personarse en el "caso Emalsa" como acusación popular, solicitud que ha sido apoyada por la Fiscalía Provincial. Varios técnicos municipales de los que firmaron los informes del Interventor Rafael Bolívar sobre las peripecias de Emalsa son miembros de la asociación. O sea, que no solo creen en lo que firmaron sino que lo apoyan de forma particular. Esta tampoco es una buena noticia para los socios privados de Emalsa.
A la vista de la situación, igual valdría la pena que el equipo de gobierno municipal se replantearse la resolución anticipada de la concesión a Emalsa. De entrada iba a conseguir unanimidad por parte de todos los grupos políticos municipales. Según dijo el alcalde Augusto Hidalgo en su intervención en el pleno del pasado mes de octubre, "habría que pagar más de 20 millones de euros a los socios privados". Fue en el debate de una moción del grupo popular en la que se instaba a la Junta de Gobierno a adoptar el acuerdo de iniciar el expediente de resolución anticipada de los contratos con Emalsa.
¿Cuánto estamos pagando, año tras año, los vecinos de la ciudad, a los socios privados de Emalsa? Igual la cantidad de 20 millones de euros para recuperar Emalsa y hacerla nuevamente 100% pública no es descabellada.
Si se revisa con detenimiento la información disponible sobre Emalsa aparecen pagos anuales a los socios privados que, entre unas cosas y otras, se acercan a los 3 millones de euros. Más de 2 millones de euros anuales en concepto de "retribución a los socios privados" (Informe de Murli & Asociados, S.L., cuentas de los años 2005 a 2010). Y en concepto de "prestaciones especiales", 900.000 euros anuales a los dos socios privados (Auditoría de Auren, años 2008 a 2012).
Si quedan 27 años más de concesión, sin tener en cuenta los posibles incrementos de los honorarios de los socios privados, tendríamos que pagar 81 millones de euros a estos señores. Todo ello con el precio del agua que usted y yo pagamos. ¿No saldría mucho más barato pagar los 20 millones que dice el alcalde? Los ciudadanos nos ahorraríamos más de 60 millones de euros.
Eusebio Bautista Vizcaíno
Ex-concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.
